El pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respecto a que “no se opone al uso legítimo de la fuerza” no debe ser considerado como un cheque en blanco por la Policía Federal ni por la Secretaría de Seguridad Pública, señaló la diputada Ernestina Godoy Ramos, quien indicó “que nadie se equivoque” al interpretar las garantías constitucionales de las personas.
Exhortó a los titulares de ambas dependencias a privilegiar el diálogo y la tolerancia luego de que convinieron colaborar conjuntamente para hacer respetar el orden público durante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En su calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa, indicó que el conflicto magisterial ha llegado hasta las calles porque el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el Congreso de la Unión no atendieron sus demandas en tiempo y forma, permitiendo que esto alcanzara un conflicto de esta magnitud.
Señaló que la CDHDF ha jugado un papel muy importante desde su creación, por lo que así como ha señalado que los “derechos de manifestación y protesta no son derechos absolutos”, además de “no oponerse al uso legítimo de la fuerza” pública respetando los principios de “racionalidad, congruencia y proporcionalidad”, también debe estar pendiente para evitar que se violenten los derechos de los manifestantes.
Indicó que la posición de esta institución defensora no debe ser mal interpretada por nadie, ni siquiera por aquellos que quieren que la ciudad se tiña de rojo, pues el DF es ciudad de derechos y de libertades.
Por ello, reiteró el llamado al Congreso de la Unión a abrirse al diálogo para generar leyes legítimas, pues el conflicto magisterial “no es un asunto de policías, no es un asunto que se resuelve con la fuerza pública, sino que tiene que analizarse las razones que lo generaron”.
Esta señora (cristina Godoy) esta muy atrasada jurídicamente, aún confunde los derechos humanos o las garantías para su protección, con las garantías constitucionales. Estas últimas se refieren a los procedimientos jurídico constitucionales para la protección de la propia constitución, es decir, no son derechos humanos, sino que se refieren al derecho procesal constitucional.