Es mejor regular que prohibir, porque con ello se podrán tener mejores mecanismos de observancia y vigilancia, reflexionaron los participantes de la mesa: Alternativas de regulación, durante el “Foro sobre Políticas Públicas en materia de Drogas para la Ciudad de México”, organizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Los ponentes revisaron los patrones de consumo, la política de prohibición que ha generado problemas de salud pública y seguridad, la creación de un sistema de apoyo terapéutico para tratar a las personas adictas, priorizar en la salud pública, acceso a la información y educación en políticas públicas, antes que en la penalización, así como revisar su implicación presupuestaria, entre otros temas, en la mesa que presidió el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva.
El anfitrión leyó un documento que cuestiona cómo podría la Ciudad de México instrumentar mejores medidas de control para el mercado de cannabis, qué recursos institucionales se requerirán y cuál es el papel de los usuarios. Comentó un dato de Martín Sesma, que asegura la existencia de 200 millones de personas consumidoras en el mundo y el porcentaje de usuarios recreativos que desarrolla patrones de consumo problemático el cual es muy reducido.
Velasco Oliva recordó que en la práctica la mayoría de los países europeos, las infracciones que involucran cantidades pequeñas de cannabis, hasta 30 gramos, no son procesadas o llevan simplemente sanciones administrativas. Dijo que existen numerosas propuestas parlamentarias en Inglaterra, Canadá, Suiza, Holanda y varios estados de Estados Unidos, que proponen una regulación legal del mercado de cannabis, similar al trato que se tienen en el control del alcohol y el tabaco. Por ello señaló que es el momento y la oportunidad de escuchar diferentes experiencias, enfoques y puntos de vista, que permitirán avanzar en propuestas concretas para la Ciudad de México.
En su ponencia, el secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de diputados, Fernando Belauzarán, reflexionó acerca de los resultados obtenidos durante el sexenio pasado y argumentó que la política de prohibición sólo ha
generado problemas de salud pública y seguridad. El legislador mencionó que prohibir las drogas no evita su consumo, por lo que es mejor regularlas. Por tanto hizo un llamado para cambiar el paradigma de prohibición que está colapsando, y aprovecharlo como oportunidad para la regulación de sustancias ilícitas.
A nombre del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Rafael Santana Solano, mencionó que abrir el diálogo y el debate provoca un avance en una Ciudad de México de vanguardia, que apertura a temas de todo tipo como el de la mariguana, que como punto de partida plantea su legalización al igual que otras drogas. Sostuvo que una persona está en su derecho de poseer hasta cinco gramos mariguana sólo para su consumo inmediato y personal, pero al excederse de la cantidad permitida comienzan las sanciones penales; cinco kilogramos amerita sanción a nivel local, más de cinco amerita mandarla a un juez federal, subrayó.
Antes de concluir su exposición, Rafael Santana recalcó el apoyo del TSJDF a la discusión de estos temas y consideró necesario el desarrollo y la creación de un sistema social de apoyo terapéutico para tratar a las personas que sufren de adicción a las drogas.
En tanto el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Ernesto Patrón, reflexionó sobre la política prohibicionista que opera actualmente en 180 países y que pone el énfasis en la ilegalidad de las drogas, de la criminalización de las policías y en el derecho penal, olvidándose de otros aspectos que son o pueden ser más importantes, como la salud pública, acceso a la información y educación, y que son temas que en nuestro país no han tenido la misma prioridad tanto en políticas públicas como a nivel presupuestal, lo que ha generado que las políticas asociadas con drogas se centran en el derecho penal y no en la figura de los usuarios de las drogas.
Por ello, señaló que desde la perspectiva de los derechos humanos primero, se tendría que separar por una parte toda la política del combate a las organizaciones del crimen organizado, que están asociados con el tema de drogas; y por otra, separar las políticas públicas propiamente sobre el uso de las drogas, porque en la primera parte, el énfasis está asociado con combatir los delitos, y en la segunda, está asociado con los usuarios como sujetos de derechos.
El director del Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, Rafael Camacho Solís, hizo referencia a la encuesta de estudiantes en el Distrito Federal realizada en 2012, donde explica que de cada 10
jóvenes, siete han tomado bebidas alcohólicas, cuatro han fumado tabaco y uno ha inhalado psicoactivos, en una edad de inicio promedio de entre los 12 y 13 años.
Camacho Solís pidió más apertura del tema de las drogas para una discusión informada, sin prejuicios y de participación colectiva, asimismo subrayó que es mejor regular que prohibir ya que esto permite al gobierno tener mecanismos de observancia y vigilancia de todo el proceso, desde el cultivo hasta el consumo, de ahí la importancia de analizar las experiencias internacionales.