La pretensión del PRI y del PAN de aprobar la siguiente semana la Ley de Consulta Popular busca dar “cerrojazo” de manera definitiva al planteamiento de que se consulte a la población la reforma constitucional en el tema energético, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
El coordinador de los senadores del PRD aseveró que estos dos partidos “están en vísperas de consumar una Ley Federal de Consulta Popular que obstruye el pleno ejercicio de un derecho ciudadano”.
Barbosa Huerta recordó que la reforma constitucional de 2012 incorporó por primera vez en la Carta Magna la posibilidad de preguntar a la población sobre los asuntos de relevancia nacional, sin embargo, un acuerdo entre PRI y PAN restringirá la posibilidad de llevar a cabo una verdadera consulta ciudadana.
Mencionó que en la reunión de las Comisiones Unidas que discutieron el tema el pasado 20 de febrero, quedó claro que no existe voluntad de consultar a los ciudadanos y que hay prisa por legislar en el tema a través de una ley tramposa.
Detalló que la Ley de Consulta Popular que pretenden aprobar en el Senado contiene “aspectos nocivos”, entre ellos, que no se considera como tema de consulta las modificaciones a la Carta Magna.
“Esto es con la plena intención de no dar cabida a uno de los temas de gran trascendencia para nuestro país, como lo es la consulta popular sobre la reforma constitucional en materia energética”, reiteró.
Asimismo, detalló que la legislación contienen requisitos adicionales superiores a los que exige la Constitución, con la intención de burocratizar y obstaculizar el pleno ejercicio de los ciudadanos a ser consultados.
Miguel Barbosa dijo que se propone que el trámite de petición ciudadana de consulta popular sea presentada en la Cámara de Diputados, cuando claramente la Constitución refiere que es del Congreso de la Unión esta facultad, lo que implica que se pueda presentar en cualquiera de las dos Cámaras.
“Se niega el ejercicio de este derecho de manera tajante y arbitraria a los ciudadanos al establecer que si el Instituto electoral determina que no se cumple con la cantidad de firmas requeridas se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, sin dar mayor oportunidad a subsanar las deficiencias y recabar las firmas faltantes”, explicó.
Comentó que se plantea una figura inexistente en la Constitución, como lo es la del “aviso de intención”, la cual deberán presentar los ciudadanos que pretendan una petición de consulta popular, y en caso de no presentarse ésta, será causa suficiente para no admitir a trámite la solicitud.
“Esto es muy grave, ya que con esta disposición se pretende que la autoridad dé el visto bueno al ejercicio de un derecho ciudadano y en una verdadera democracia, esto no es admisible”, sostuvo.
Barbosa Huerta señaló que éstas y otras deficiencias tendrán que ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá hacer un análisis puntual, no sólo de lo establecido en la Constitución sino también del contenido de esta ley, que es contrario a los derechos de participación ciudadana.
“La Corte deberá hacer un verdadero ejercicio de control de constitucionalidad en aras de salvaguardar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos, los cuales se ven seriamente vulnerados y restringidos con esta Ley de Consulta Popular”, indicó.
El senador poblano reiteró que el derecho a ser consultado es un derecho humano, por lo cual el Estado mexicano está obligado a preservarlo y garantizarlo.
“Mal hacen aquéllos que siendo representantes populares, atienden intereses particulares y dan la espalda al sentir del pueblo e ignoran que la soberanía reside en éste”, dijo.