En mi artículo del 14 de enero del presente año, denominado “Lo que quiere saber sobre el sexo fiscal y teme preguntar”, analicé, quizás de manera demasiada chusca para la seriedad del tema, los escenarios que enfrentarían los pequeños contribuyentes con el nuevo régimen fiscal.
Particularmente, el escenario que estableció la obligatoriedad de la factura electrónica, sería el más difícil que enfrentarían los contribuyentes con poca gestión contable y administrativa.
El otro escenario fue la obligatoriedad del Régimen de Incorporación Fiscal para los pequeños contribuyentes (Repecos).
Según mis vaticinios, estas dos nuevas obligaciones impuestas en la reforma fiscal 2014, serían las que más impactarían en las finanzas de las pequeñas empresas.
Parece que no me equivoqué. El agua fiscal ya les llegó hasta el cuello.
No se salvan ni las franquicias que ya recurrieron a un amparo contra la reforma fiscal. Otras con mayor capacidad económica, como las ligadas a la industria panificadora reportan pérdidas cuantiosas.
Según datos publicados en diversos medios, a la fecha suman casi 8 mil amparos contra Reforma Hacendaria.
Los recurrentes del amparo, aseguran que no se les puede exigir a los pequeños contribuyentes que cumplan con los mismos requisitos fiscales que contribuyentes de mayor capacidad económica y administrativa
Tienen razón en sus alegatos. El principio constitucional de la equidad está transgredido, dado que no se están dando tratamientos distintos a gente con diferente capacidad económica, técnica y cultural.
Por lo pronto, los representantes de diversas asociaciones de pequeños productores y comerciantes están solicitando a los diputados analizar alternativas al Régimen de Incorporación Fiscal.
Tienen que revisar las alternativas para que los pequeños contribuyentes tengan opciones fiscales adecuadas a sus capacidades. Y deben de hacerlo de manera urgente.
Hoy las pequeñas empresas están a límite de la sobrevivencia. Las que no han logrado este tiempo aciago, ahora están en el sector de la informalidad, en las calles, en el desempleo.
Por lo pronto, 172 diputados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad que pretende revertir la homologación del Impuesto al Valor Agregado en las fronteras, la desaparición de régimen tributario para Pequeños Contribuyentes y el aumento a las tasas del ISR para personas físicas.
Esta acción de constitucionalidad, que fue presentada en enero pasado, ya fue admitida por el alto tribunal y el 28 de febrero pasado se presentaron y aceptaron los alegatos que la sustentan.
Esperemos que en la Suprema Corte de Justicia también imperen estas preocupaciones, porque es, por el momento, la única tabla de salvación para mucha gente en este país.