Caracas, 14 may (PL) La segunda fase de la ofensiva económica lanzada por el gobierno venezolano concentra hoy esfuerzos en las inspecciones a empresas, industrias, comercios y almacenes, en una estrategia dirigida a frenar la especulación y garantizar el abastecimiento al mercado.
El balance de las acciones que comenzaron a finales de abril muestra hasta la fecha la fiscalización de dos mil 149 entidades, de ellas mil 327 en el sector de los alimentos.
La titular de la Superintendencia de Precios Justos, Andreína Tarazón, indicó que entre los objetivos principales está garantizar el cumplimiento de la ley que fija margenes de ganancias hasta el 30 por ciento.
Como resultado del proceso, hay 30 personas privadas de libertad por ilícitos económicos de diversos tipos y deberan responder ante el Ministerio Público, señaló.
Unido a ello, se activaron ya cuatro oficinas de la citada superintendencia en todo el país, en tanto se espera que la cifra llegue a 47 para de esa forma facilitar la atencion a reclamos por violaciones a la ley de precios justos.
Tarazón adelantó que entre los próximos objetivos de las verificaciones figuran empresas vinculadas a las actividades de salud y construcción.
Estas acciones forman parte de una estrategia que suma el apoyo del gobierno a 11 sectores claves de la economía, incluso con financiamiento procedente de fondos del estado.
Además, se adelantan acciones tendentes a frenar el contrabando de productos de primera necesidad hacia países vecinos como Colombia, con lo cual se evita el desabastecimiento del mercado interno.