La Habana, 27 may (PL) La asesora regional de Protección de la UNICEF para América Latina y el Caribe, Nadine Perrault, llamó hoy aquí a redoblar esfuerzos para consolidar los marcos jurídicos y sistemas de resguardo a la población infanto-juvenil en la región.
Al intervenir en la II Conferencia Internacional de Protección a la Infancia, la funcionaria de ese organismo de Naciones Unidas afirmó que la próxima celebración del aniversario 25 de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, brinda el marco idóneo para ese propósito.
Pese a los avances de los últimos años, no se ha podido frenar la tendencia al incremento de la violencia contra niñas y niños en el área, dijo ante más de 100 delegados e invitados de una veintena de países presentes en la reunión.
Perrault declaró a Prensa Latina que entre los retos más urgentes, y alcanzables, se encuentra la prohibición legal explícita del castigo corporal en el hogar y en las escuelas como premisa para combatir la violencia social.
La funcionaria agradeció la iniciativa cubana de convocar a esta reunión para reflexionar en torno al desarrollo de buenas prácticas para la atención de la niñez y la adolescencia, y coordinar estrategias para tal fin.
En esta jornada del encuentro, el cual sesionará hasta el jueves próximo en el capitalino Hotel Palco, especialistas explicaron el sistema cubano de protección a la infancia y la adolescencia, así como la atención de que gozan esos grupos etarios en el sistema jurídico.
El intercambio de experiencias reúne a personalidades y expertos de América Latina y el Caribe junto a sus colegas de Angola, Guinea Ecuatorial, Canadá, España y Holanda, y más de una veintena de funcionarios de oficinas regionales de la UNICEF.
Como parte del programa del encuentro, los delegados e invitados visitarán municipios de la capital cubana en los cuales se acometen proyectos comunitarios dirigidos a estimular el desarrollo cultural y general de las personas de esas edades.
También recorrerán centros educativos especiales orientados a brindar el tratamiento integral y lograr la reinserción social plena de niñas, niños y adolescentes que han incurrido en hechos que la Ley tipifica como delitos, o resultaron víctimas de esos actos.