Asunción, (PL) El Senado paraguayo es punto clave en el panorama político del país pues dice la última palabra, desde el punto de vista legislativo, en relación a las principales decisiones legislativas y siempre fue instrumento importante para los gobiernos en la imposición de sus decisiones.
Como la Cámara de Diputados, el Senado tiene uno de los más bajos niveles de aceptación por parte de la población, algo señalado por muchos como resultado de contar con un largo expediente de participación en acciones dudosas o sencillamente calificadas de corruptas públicamente.
Actualmente, el control que sobre la Cámara Alta tenía el Poder Ejecutivo desde el ascenso al poder del presidente Horacio Cartes, se viene resquebrajando por las divisiones en el seno de las bancadas del gobernante Partido Colorado y del supuesto aliado incondicional, el Partido Liberal.
Las razones son públicas y tienen que ver, fundamentalmente, por diferencias en la asignación de cuotas de poder, vinculaciones con sectores económicos y en muy pocos casos por criterios diferentes en lo referente a lineamientos sociales-
A diferencia de la Cámara de Diputados donde el gobierno cuenta con mayoría absoluta a pesar de algunas declaraciones de independencia en pocos legisladores, el control del Senado, al llegar Cartes, se basó en una suerte de pactos, a veces forzados, entre colorados y liberales para reunir la mayoría necesaria a la hora de la votación de proyectos impulsados por el mandatario.
En corto tiempo, esa alianza se fue deteriorando por el incumplimiento del mencionado acuerdo, el reclamo de más puestos en la administración tanto para los militantes colorados como para los aliados liberales y la imposición muy directa de Cartes en la aprobación de las leyes de su interés.
Así sucedió con emblemáticos proyectos de la actual administración como los casos de la privatizadora Ley de Alianza Público-Privada y las modificaciones a la ya existente Ley de Seguridad Nacional, dejando en las dos ocasiones el poder de decisión al presidente de la República y obviando cumplir con las constitucionales funciones asignadas al Congreso y a la Contraloría de la nación.
En estos momentos, los colorados cuentan con las bancadas A y B producto de la división registrada y por la negativa de Cartes a apoyar la reelección del presidente del Senado, a la vez máxima figura del Congreso, Julio César Velázquez, quien agrupa a varios de los miembros de su partido.
Los liberales se dividen entre quienes protestan por la poca atención recibida a la hora de las designaciones gubernamentales y el despido masivo de militantes liberales en los distintos ministerios y el incumplimiento de la promesa inicial de cederles la presidencia del Congreso al terminar el período de Velázquez.
Ninguno de los dos partidos, por sí solos, cuenta con la mayoría de votos exigida para aprobar cualquier ley y las sancionadas hasta ahora requirieron de arduas negociaciones del Ejecutivo para lograrlo.
En medio de toda esta situación, acaba de nacer el Bloque de los 11 con la conformación de una multibancada progresista integrada por los senadores del Frente Guasú y de los partidos Democrático Progresista, Avanza País y Encuentro Nacional, decidida a incidir fuertemente en la construcción de una agenda parlamentaria y legislativa con mayor sentido social.
¿Qué plantea esa nueva agrupación a la que ya se están acercando disidentes de los dos partidos tradicionales, especialmente del Liberal, para lograr acuerdos destinados a arrebatar al gobierno el control del Senado?
Los planteamientos hechos durante la presentación del nuevo bloque por el expresidente Fernando Lugo y otros de los senadores que lo integran hablan de hacia donde irán dirigidos todos los esfuerzos futuros para dar un vuelco a la situación interna del Senado y un alto a las iniciativas gubernamentales.
Planteamiento inicial y fundamental es, según señalan los 11 senadores, recuperar el respeto a la Constitución Nacional, violentada por la aprobación de la privatizadora Ley de Alianza Público-Privada (APP) y por la modificación de la Ley de Seguridad Nacional, que puso en manos de Cartes la decisión de utilizar las fuerzas armadas en problemas de orden interior, sin solicitar permiso al Congreso.
La derogación o modificación de la APP es, además, demanda generalizada de organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, además de los partidos de izquierda, algo negado reiteradamente por el gobierno.
Los 11 coincidieron en un programa de trabajo que incluye trabajar en lograr mayor justicia tributaria para que quienes ganen más paguen más y permitan una mayor recaudación en el sistema impositivo para dedicar esos fondos a los programa sociales y lucha contra la pobreza.
El saneamiento del Poder Judicial, continuamente salpicado por escándalos de corrupción, recuperación de soberanía plena en materia de energía, una ley de hidrocarburos que permita al Estado controlar el posible encuentro de recursos petroleros en el Chaco paraguayo y aplicación firme de leyes contra la impunidad, son otros de los puntos.
Además se proponen impulsar leyes para la defensa y recuperación de las empresas públicas mal vendidas o adjudicadas irregularmente por el Estado, así como las tierras ancestrales pertenecientes a los pueblos originarios y las apropiadas por los latifundistas, también serán defendidas, según los 11.
En definitiva, acordaron luchar desde el Congreso por un modelo alternativo de desarrollo para el país, donde no se entregue la soberanía y se garantice la soberanía alimentaria.
Una realidad interesante es que debido a la imposibilidad de los partidos tradicionales de tener votación mayoritaria para adoptar cualquier decisión, el Grupo de los 11 senadores puede convertirse en muchos casos en el fiel de la balanza y la primera prueba casi inmediata, será la elección de la próxima directiva de la Cámara Alta y del Congreso.
Esa primera demostración de fuerza puede ser el comienzo de un proceso de acuerdo con legisladores independientes o inconformes de otros partidos para lograr acuerdos importantes relacionados con ese programa progresista que acaban de aprobar en el seno del nuevo bloque senatorial.
Paraguay: el bloqueo de los 11
