Aun cuando en México el consumo de drogas no está penalizado, 140 mil 860 personas fueron detenidas a nivel nacional entre 2009 y mayo de 2013 por esta actividad, indica un estudio del Colectivo de Estudio Drogas y Derecho (CEDD) que se lanza hoy.
La publicación «En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina», que evalúa las respuestas ante el consumo de drogas ilícitas en ocho países, señala que los consumidores de drogas siguen siendo criminalizados en el País, pues aunque el Ministerio Público no ejerza una acción penal en su contra, sí inicia una investigación.
«Para cumplir con las nuevas obligaciones en materia de control de sustancias ilícitas, los agentes del Ministerio Público (locales y federales) deben poner en marcha el aparato penal», indica.
Así, entre 2009 y mayo de 2013 se iniciaron 53 mil 769 averiguaciones en el sistema federal por consumo de enervantes, y fueron emitidos 89 mil 86 no ejercicios de la acción penal.
Pese a que ha habido un descenso en la detención de personas por consumo de sustancias de uso ilícito a nivel federal, advierte el estudio, es notorio el número de detenciones por consumo que sigue realizando la PGR a pesar de no tratarse, salvo excepciones, de una competencia del orden federal.
La investigación, realizada por Catalina Pérez Correa y Karen Silva, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hace referencia a la Ley de Narcomenudeo de 2009, que incorporó una tabla de orientación de dosis máximas y consumo personal y debajo de las cuales no es punible el consumo con penas de prisión.
Por encima de esas cantidades y sin rebasarlas en mil veces, la posesión de drogas de uso ilícito es considerada narcomenudeo y es competencia de los estados. Cuando la posesión es mil veces mayor de lo establecido, es narcotráfico y competencia de la Federación.
Según el documento, esta ley sigue criminalizando a los consumidores, quienes son detenidos por la policía y presentados ante el Ministerio Público, lo que conlleva riesgos como violaciones al debido proceso, corrupción y los costos que implica para las instituciones procesar cada caso.
Además, indica que las dosis máximas son tan bajas que hay consumidores castigados como narcomenudistas.
«La dosis máxima de consumo de cocaína es 0.5 gramos, mientras diversos activistas han señalado que en el mercado la cocaína se vende por gramo. Un consumidor que compra la dosis mínima de cocaína disponible en el mercado estará bajo el supuesto de narcomenudista», alerta.
Además, cuestiona que se sancione la posesión simple, «sin fines de comercio», lo que abarca a casi cualquier consumidor que rebase los montos de la tabla de orientación.
Detalla que desde 2009 las Procuradurías estatales han iniciado 889 averiguaciones previas contra consumidores de drogas, siendo Quintana Roo el estado en que más se iniciaron, seguido por Campeche.
Cuestionan gasto en averiguaciones previas
Tomando en cuenta que una averiguación previa cuesta entre 4 mil 300 y 6 mil pesos, las más de 140 mil personas detenidas por consumo de drogas entre 2009 y mayo de 2013 pudieron haber generado un cargo al erario por más de 605 millones de pesos, alertó la investigadora Catalina Pérez Correa.
«¿En qué se están usando los recursos de procuración de justicia del sistema penal federal, para encontrar delincuentes que están cometiendo los delitos que le preocupan a la sociedad y que afectan la vida de los mexicanos, o para procesar a consumidores de marihuana?», cuestionó.
La académica señaló que aunque la política de drogas, tanto a nivel nacional como internacional, tiene el objetivo de proteger la salud, no existe información sobre quiénes son consumidores, qué drogas se consumen y en qué lugares se consumen.
Pérez Correa señaló que América Latina tiene que avanzar hacia la no criminalización del consumo de drogas, sobre todo que ahora en 18 estados de la Unión Americana permiten el consumo de mariguana, de una u otra forma.
«Ahí es cuando se vuelve absolutamente injustificable la política que estamos llevando, cuando nosotros estamos asumiendo todos los costos de la prohibición y EU está evolucionando y cambiando a una política que implica un uso más racional de los recursos», dijo.