San José, 29 may (PL) La Defensoría de los Habitantes y el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura anunciaron que aumentarán las inspecciones al penal costarricense de La Reforma donde se detectó violencia contra reos.
Ambas instancias de derechos humanos consideran que la situación de maltrato y violencia registrada allí se debe al hacinamiento en pabellones superpoblados y al control de líderes negativos que requieren una acción preventiva y correctiva.
Indican además que la situación se ha agravado por el abandono del principio de clasificación de la población penal y existen personas con alta peligrosidad junto a otras que cometieron delitos menores, lo que genera violencia.
La defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, insiste en que debe haber un abordaje técnico de la problemática de violencia en el sistema penitenciario, pues no todo se resuelve con aumentar medidas de seguridad o represivas.
Dijo que en las inspecciones se debe definir dónde se presentan casos de posible tortura o maltrato, documentarlos y diagnosticar con claridad las causas y los efectos e insistió en elevar el nivel del personal penitenciario.
La Sala IV (Corte Suprema de Justicia) resolvió la víspera intervenir la sección de Máxima Seguridad en el Centro Penal La Reforma, luego de que se presentara un recurso de Hábeas Corpus para garantizar la integridad física de los reclusos.
El tribunal conoció de unas 30 denuncias sobre golpes y maltratos propinados a los reclusos por policías penitenciarios y ordenó a la ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez, presentar un plan que remedie esa situación.
En las últimas semanas transcurrió el juicio por el homicidio del privado de libertad, Johel Araya, quien presuntamente fue víctima de agresiones de custodios después de protagonizar en 2011 un intento de fuga.
La Ministra Ramírez anunció la decisión de remover del cargo al director del ámbito de Máxima Seguridad de La Reforma, Wilman Pérez, luego de la resolución emitida por la Sala Constitucional.
Según se informó, las autoridades investigan la participación de 27 custodios en actos de presunta agresión contra reclusos, y trascendió que otros cuatro fueron removidos.
Aumentarán inspecciones a centro penal costarricense
