Tras la decisión de Barack Obama de postergar hasta agosto la revisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los criterios de deportaciones, el líder del Comité Judicial de la Cámara Baja, James Goodlatte, acusó al presidente de EU de tomar medidas “muy probablemente inconstitucionales”.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que querían dar a los republicanos la oportunidad de actuar antes del receso legislativo de agosto y las elecciones de noviembre, a fin de que tengan mayor margen para someter su propia iniciativa migratoria. Si no lo hacen, se prevé que Obama tome medidas ejecutivas para limitar las deportaciones, que han alcanzado cifras récord durante su presidencia.
“Cuando el presidente dice que va a imponer un límite de tiempo y luego estudiar la posibilidad de tomar medidas por su cuenta… eso no facilita, sino que dificulta la reforma migratoria”, dijo Goodlatte durante la audiencia con el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.
Obama ha tomado “medidas sin precedentes, muy probablemente inconstitucionales, para eludir la aplicación de nuestras leyes de inmigración a millones de extranjeros ilegales y criminales a quienes no se consideran prioridades en materia de seguridad”, dijo Goodlatte, en el inicio de una nueva ofensiva del Partido Republicano para presentar a Obama como un presidente que viola la ley y se extralimita en sus poderes.
Activistas y defensores de los migrantes también arremetieron contra el presidente, por haber suspendido la revisión de criterios de deportación, y contra los republicanos que retrasan la presentación de una iniciativa.
“Si el presidente Obama espera hasta el verano para anunciar ajustes menores en el DHS, enfrentará mucho enojo. Si republicanos de la Cámara Baja siguen retrasando el voto de una reforma legislativa hasta que ésta muera, la responsabilidad recaerá en el presidente, que tendrá que exprimir hasta la última gota de su autoridad ejecutiva para aliviar la situación de millones”, consideró Frank Sharry, de la organización América’s Voice.