Frenan tránsito cerca de Casa Blanca para exigir fin de deportaciones

Washington, 5 jun (PL) Cerca de una veintena de manifestantes bloqueó hoy el tránsito en una calle aledaña a la Casa Blanca para expresar su rechazo a las masivas deportaciones de personas indocumentadas que el presidente Barack Obama aún autoriza.
Señor presidente, pare las deportaciones. Dos millones son demasiadas y No más excusas, fueron algunos de los textos que podían leerse en los carteles enarbolados por varios jóvenes.
La semana pasada, Obama postergó una revisión a la política de deportaciones ordenada en marzo al secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson.
La medida busca evitar que cualquier orden presidencial sirva de pretexto a la oposición republicana en la Cámara de Representantes para justificar el estancamiento para una reforma integral de las leyes migratorias.
El pasado 22 de mayo, cuatro senadores demócratas alertaron que si la mayoría republicana en la Cámara baja evade analizar la reforma antes del próximo receso veraniego, el Ejecutivo usaría sus facultades para legislar al respecto.
Si no hay reforma migratoria para los primeros días de julio, entonces el presidente Obama actuará por su cuenta, han advertido legisladores demócratas.
Una amplia coalición de miembros de los sectores empresarial, religioso, sindical y otros a nivel nacional, muestran un frente común a favor de modificar las leyes migratorias.
Desde que Obama llegó a la Casa Blanca más de dos millones de personas sin papeles han sido deportadas del país, lo cual supera las cifras registradas durante los ocho años de George W. Bush (2001-2009) y más del doble de las reportadas durante el mandato de William Clinton (1993-2001).
Tales cifras llevaron a organizaciones civiles como la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y varios legisladores a bautizar a Obama como «presidente de las deportaciones».
El gobierno demócrata rechaza los argumentos de representantes conservadores quienes alegan que el estancamiento de la ley migratoria en el Capitolio obedece a la falta de confianza en el mandatario para hacer cumplir la legislación.
Por el contrario, la mansión ejecutiva apunta que es la fuerte polarización y división interna en el órgano legislativo lo que mantiene en suspenso la medida.

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