Lima, 7 jun (PL) La corrupción fue protagonista en la semana noticiosa peruana, con varios presidentes regionales (gobernadores) presos, uno buscado y varios bajo investigación o sospecha, así como denuncias por verificar en distintos niveles.
Al gobernador de la región norteña Áncash, César Álvarez, preso desde el 16 de mayo acusado de mandar a matar a un rival político y encabezar una red corrupta, se sumó esta semana el arresto de su colega de la región centroandina Pasco, Kléver Meléndez, por presunta corrupción.
El poder judicial resolvió que Álvarez será encarcelado durante tres años, bajo la modalidad de prisión preventiva, es decir mientras se le investiga y juzga; lo que en el caso de Meléndez será por 14 meses.
En el caso de Álvarez están detenidos por diversos plazos medio centenar de presuntos implicados -entre funcionarios, periodistas, delincuentes habituales y otros- y varios de ellos se encuentran prófugos.
La policía busca además por motivos similares al gobernador de la región Tumbes, en el extremo norte de la costa peruana, Gerardo Viñas, también por cargos de corrupción y que según el parlamentario Manuel Merino habría escapado a Ecuador, país con el que colinda Tumbes.
La procuraduría estatal anticorrupción pidió a su vez al ministerio público que solicite al poder judicial que sea apresado el gobernador de la norteña región Piura, Javier Atkins, quien rechazo la gestión y sostuvo que de ninguna manera se justifica porque él no incurrió en ilegalidad.
El ministerio público, por su parte, informó que analiza la posibilidad de pedir la captura del gobernador de la norandina región Cajamarca, Gregorio Santos, mientras la policía capturó a cuatro funcionarios de su administración y Santos dijo ser víctima de una campaña empresarial por sus posiciones contra la minería que daña al medio ambiente.
Entretanto, esa procuraduría, la contraloría general o el ministerio público investigan a otras administraciones regionales y hay denuncias de malos manejos en 19 de las 25 regiones.
El domingo último, el presidente Ollanta Humala respaldó la ofensiva en las regiones y llamó a los fiscales y jueces a actuar en forma decidida, pero también respetar los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia y con pruebas fundamentadas.
Juristas y parlamentarios han advertido contra la posibilidad que los magistrados, bajo presión de la prensa, se excedan en el número de capturas y el tiempo detención preventiva y tomen esas medidas sin fundamentar plenamente sus acusaciones.
En ese contexto, el gobierno anunció un proyecto para crear una especie de superintendencia para intervenir gobiernos regionales con problemas de corrupción y el parlamento se apresta a aprobar una reforma que prohíbe la reelección inmediata de gobernadores y limita la de los alcaldes a solo un nuevo mandato.
De otro lado, el exgerente general de la transnacional noruega Interoil Jaime Mur, al parecer distanciado de la empresa, declaró ante una comisión parlamentaria que la reciente renovación por un año de una concesión a la compañía, atentó contra los intereses del Estado peruano.
Puso además en aprietos al abogado de petroleras Eleodoro Mayorga, al afirmar que este, cuando trabajaba en un estudio legal que defendía Interoil en un litigio en el Estado -hasta ser nombrado ministro, en febrero último- presionó a la empresa estatal de negociaciones petroleras para que renueve el polémico contrato.
Mayorga y el gobierno niegan que el ministro hubiera incurrido en conflicto de intereses al aprobar la renovación a pocos días de asumir el cargo, y señalan que la misma estaba decidida antes de su designación.
Entretanto, el dirigente del gobernante Partido Nacionalista, Daniel Abugattás negó haber recibido dinero de mineros ilegales -combatidos duramente por el gobierno actual- para la campaña electoral de 2011 del presidente Humala.
Una comisión parlamentaria abrió además una investigación sobre supuestos pagos excesivos por terrenos expropiados para el nuevo metro subterráneo de Lima.
Además, la contraloría general confirmó el inicio de una investigación sobre posible enriquecimiento ilícito, al hasta hace poco juez del Tribunal Constitucional Carlos Mesía -ligado al Partido Aprista, del expresidente Alan García- ante signos exteriores de riqueza, inmuebles y autos de lujo, que el denunciado alega son producto de su trabajo.
Mesía es uno de los firmantes de resoluciones de ese tribunal cuestionadas por haber exonerado del pago de cuantiosas deudas tributarias a un canal de televisión, una empresa pesquera y varias universidades privadas.
Corrupción protagonista de semana noticiosa peruana
