La Comisión Especial que da seguimiento al caso Oceanografía en el Senado, acordó elaborar un calendario de reuniones de trabajo con funcionarios públicos, para que detallen información sobre esta compañía.
Entre ellos destacan el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), así como a trabajadores de Oceanografía.
Del mismo modo, a representantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), del órgano de control interno de Petróleos Mexicano y de la Auditoría Superior de la Federación.
La senadora priista Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de dicha comisión, explicó que propondrá un calendario, el cual dará a conocer a los integrantes de la comisión, a fin de que en “la siguiente reunión ordinaria podamos tener ya la presencia de algunos de ellos”.
Informó que se recibieron oficios enviados por dichas dependencias con información sobre el caso, sin embargo, consideró necesario que se detallen los datos, por lo que les formulará una ampliación de información.
En reunión de trabajo expuso que es fundamental que la comisión cuente con los argumentos legales y documentales que acrediten las acciones y las decisiones que se han tomado por parte de la PGR, CNBV, SAE, IFAI, al órgano de control interno de Pemex y a la ASF.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, destacó lo expuesto en el oficio que hizo llegar la PGR, donde se explica que se encontró un fraude entre dos particulares, es decir entre la empresa Oceanografía y Banamex, a través de estimaciones apócrifas.
Ello, explicó, a partir de un producto financiero que generó la propia institución bancaria denominado “Derechos de Crédito y Descuentos Producto Financiamiento a Proveedores”.
Al parecer, indicó, Banamex creó un producto financiero para otorgar líneas de crédito a proveedores de Pemex, por lo que es fundamental analizar cuáles fueron las condiciones de operación de ese mecanismo y cómo fue observado, revisado y controlado por parte de la CNBV.
Explicó que pereciera que no tuvo los controles que se exigen para garantizar su regularidad legal.
En su opinión, no se puede hablar de tráfico de influencias en la entrega de contratos a Oceanografía, pues primero se debe tener mayor claridad del origen de éstos, por lo que solicitó pedir más información adicional a Pemex para que explique las características cada una de las adjudicaciones.
A su vez, el senador perredista Mario Delgado Carrillo expresó que los datos con los que cuentan no permiten configurar alguna hipótesis o ruta de investigación, por lo que es necesario sostener reuniones de trabajo con los responsables de las instituciones involucradas.
Refirió que el día de hoy diversos medios de comunicación dieron a conocer información que está contenida en averiguaciones previas que se encuentran en poder de la PGR, así como declaraciones del dueño de Oceanografía, donde se puede intuir que hay tráfico de influencias u otros delitos configurados alrededor de esa empresa.
Planteó que “podríamos decir sin temor a equivocarnos, que en estos momentos la prensa tiene más conocimiento del caso que nosotros”.
Por ello, el legislador pidió que se invite a una sesión de trabajo a Murillo Karam, y al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que detallen la información que han enviado a los senadores que investigan el tema de Oceanografía.