El Senador Armando Ríos Piter presentó ante la Comisión Permanente, la iniciativa de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.
Responde a la visión del Grupo Parlamentario del PRD de que el Estado debe enfrentar este flagelo, y contar con un órgano especializado para investigar y perseguir los delitos en la materia.
En la iniciativa Ríos Piter aseguro que el órgano responsable de combatir la corrupción debe romper con el paradigma de las instituciones tradicionales, y ponerse a la vanguardia a nivel internacional.
Indicó que se deberán maximizar las herramientas establecidas en la reforma constitucional para combatir esta enfermedad que contamina cada vez más el sistema político, económico y de gobierno, así como las prácticas de las y los mexicanos.
Mediante la elección democrática del titular del órgano constitucional y la conformación de un Consejo plural, se pretende garantizar que las acciones del órgano de combate a la corrupción estén en observación y constante evaluación ciudadana.
En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es reglamentar lo relativo al órgano responsable de combate a la corrupción en los términos del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.
Deberá contar con la opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana. La propuesta establece lo siguiente:
La Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, contiene además el cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público.
El funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción actuará conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Registro Público de declaración patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos Federales.
El mecanismo de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de Corrupción, que consiste en el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República.
El mecanismo de nombramiento de los Consejeros representantes ciudadanos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, el cual será a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y las universidad nacionales y elegidos por el Senado de la República.
Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción;
· Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción;
· Determina las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y penas.
Dado que la corrupción es uno de los problemas que más afecta la democracia y la deslegitima ante la ciudadanía, la lucha contra ella debe ser una de las metas fundamentales, “si no la combatimos de manera profunda, con todos los instrumentos y en todos los ámbitos seguiremos en la aspiración constante hacia un modelo de país con estabilidad económica, social y política que sin duda alguna nos será imposible alcanzar” refirió el senador guerrerense.