Acusación contra Sarkozy genera torbellino político en Francia

París, 2 jul (PL) Una tormenta política estalló hoy en Francia tras conocerse las acusaciones contra el expresidente Nicolás Sarkozy, imputado ante la justicia por los delitos de tráfico de influencias, corrupción activa y encubrimiento de violación al secreto profesional.
Los acontecimientos se desencadenaron desde la víspera cuando el antiguo jefe de Estado debió acudir para rendir declaración a la oficina anticorrupción de la policía judicial, con sede en la ciudad de Nanterre, próxima a esta capital, y fue puesto bajo detención provisional.
Esta es la primera ocasión durante la denominada V República, iniciada en 1958, en que un exgobernante debe declarar bajo un régimen de arresto preventivo.
Jacques Chirac (1995-2007) fue interrogado en 2011 por un caso de empleos ficticios cuando era alcalde de París, pero a diferencia de lo ocurrido ahora, en esa oportunidad los investigadores se desplazaron hasta su residencia.
A la postre los magistrados condenaron a Chirac a dos años de cárcel por el delito de corrupción, si bien lo exoneraron de cumplir la pena debido a su edad y complicado estado de salud.
En el caso de Sarkozy, tras un interrogatorio de más de 15 horas, la policía judicial decidió que había elementos suficientes para acusarlo y fue enviado ante los jueces de instrucción del polo financiero de la fiscalía de París, donde le explicaron los cargos y quedó en libertad para organizar la defensa.
Desde hace varios meses las autoridades iniciaron un expediente para determinar si hubo financiamiento ilegal en la campaña presidencial de 2007, que llevó al ahora imputado al Palacio del Elíseo al frente de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP).
Se trataba de saber, en particular, si en esa contienda recibió fondos ilícitos desde el exterior o de la heredera del emporio de cosméticos Lâ€ÖOreal, la multimillonaria Liliane Bettencourt.
En septiembre de 2013 todas las comunicaciones telefónicas de Sarkozy con su abogado, Thierry Herzog, y otros colaboradores fueron sometidas a escucha judicial, incluyendo las llamadas hechas desde un teléfono portátil adquirido con un nombre falso.
Los datos obtenidos por esta vía llevaron a la sospecha de que Sarkozy ofreció un importante puesto a un alto magistrado a cambio de recibir informaciones sobre el curso del expediente y contrarrestar las indagaciones.
Esta conducta está calificada como tráfico de influencias y corrupción activa en el Código Penal y puede ser sancionada con penas de hasta 10 años de prisión.
Por la misma causa también fueron vinculados Herzog y los abogados generales de la Corte de Casación Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, quienes habrían formado parte de la trama.
El hecho ocurre justo cuando muchos simpatizantes de Sarkozy veían próximo un retorno a la vida política activa y se pensaba que podría tomar las riendas de la UMP en el congreso del próximo otoño y proclamar su candidatura para las elecciones de 2017.
Las reacciones son múltiples en el espectro político francés, comenzando por figuras cercanas al antiguo mandatario, como el alcalde de Niza, Christian Estrosi, y la exministra de Educación Superior Nadine Morano, quienes calificaron la imputación como un ensañamiento.
Alain Juppé, quien fue jefe de gobierno con Chirac y titular de Asuntos Exteriores en la administración de Sarkozy, recordó que éste se beneficia del principio de la presunción de inocencia y dijo aguardar un buen trabajo de su defensa para evitar una condena.
Mientras, el primer ministro Manuel Valls aseguró que los hechos y la situación son graves porque implican a un expresidente de la República, dos altos magistrados de justicia y a un reconocido abogado.
El funcionario prometió velar por la independencia de la justicia y la preservación de la garantía de presunción de inocencia que, señaló, son válidos para todos los ciudadanos franceses.
Para la UMP este nuevo acontecimiento ocurre en un momento inoportuno, justo cuando está tratando de recomponer sus finas, afectadas por una sucesión de escándalos tras su derrota en los comicios presidenciales de 2012.
Luego de perder el Elíseo y la mayoría en la Asamblea Nacional, el partido conservador se enzarzó en una disputa interna para elegir a su próximo presidente entre François Fillon y Jean-François Copé.
Mutuas acusaciones de fraude llevaron a invalidar las elecciones partidistas y se acordó que Copé ocupase provisionalmente la dirección hasta 2015.
Éste último, sin embargo, debió renunciar cuando se conoció que en la campaña de 2012 se falsificaron facturas para ocultar los excesivos gastos incurridos durante el evento.
Otro golpe para la agrupación fue la pérdida de casi un tercio de sus diputados en los comicios para el Parlamento Europeo, cuando fue superado por el extremista Frente Nacional.
Sin tiempo para recuperarse, la UMP enfrenta ahora las acusaciones formales contra su líder histórico, Nicolás Sarkozy, quien también podría ser vinculado en otros procesos aún en fase de investigación.