(ng) Al negar el uso de balas de goma o de cualquier otro dispositivo contundente, el Gobierno del Estado aseguró que el desalojo de manifestantes que se realizó el pasado 9 de julio en la autopista Atlixcayotl estuvo apegado a derecho. En breve conferencia de prensa en donde no se permitieron preguntas por parte de representantes de los medios de comunicación, el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, aseguró que la protesta realizada por pobladores de Chalchihuapan no tenía un perfil ciudadano, sino de agresión con un trasfondo político.
Acompañado por el procurador del estado, Víctor Carranca, y del secretario de seguridad, Facundo Rosas, Luis Maldonado aseguró que la policía estatal solo utilizó toletes, escudos, cascos y finalmente gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes.
En tanto aseguró que los pobladores utilizaron bombas molotov, palos, tubos, piedras de gran calibre, cohetones y lanzaderas de aluminio y pvc.
El funcionario aseguró que colaborarán con el expediente que abrió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y que adicionalmente la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dará parte de los hechos a la Procuraduría General de la República (PGR).
Finalmente Luis Maldonado señaló que la versión de los hechos que circula en redes sociales es irresponsable, ya que los hechos no sucedieron de esa manera.
A continuación el texto íntegro que se leyó en la conferencia de prensa:
Posicionamiento del Gobierno del Estado de Puebla con relación al avance de las investigaciones referentes a los hechos ocurridos en la autopista Atlixcáyotl el 9 de julio de 2014
En relación con los hechos ocurridos el pasado 9 de julio de 2014, con motivo del bloqueo de la autopista Atlixcáyotl, que interrumpió el flujo vehicular por más de cinco horas y que derivó en acciones violentas emprendidas por los manifestantes, el Gobierno del Estado de Puebla formula las siguientes precisiones:
1. La Secretaría de Seguridad Pública reafirma que, en todo momento, el despliegue de la fuerza policial se produjo bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objeto de lograr la apertura de la vía en cuestión.
2. Desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les conminó al diálogo y a la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno.
3. Agotados los llamamientos desoídos al diálogo, el operativo de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, no obstante la violencia expuesta por los manifestantes, fue exclusivamente con la utilización de toletes, escudos y cascos, en una primera instancia. Ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores. Se ratifica, así mismo, que en ningún momento se utilizaron balas de goma o cualquier otro dispositivo contundente, que los ya referidos.
4. El comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada, premeditada y de franca provocación y agresión, como se demuestra por el hecho de que iban preparados con diversos objetos contundentes tales como bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre, dentro de los que destacó la utilización de cohetones que fueron proyectados, incluso con la utilización de lanzaderas de aluminio y pvc, en agravio y afectación directa de policías y transeúntes, que reportó un saldo de al menos 46 policías lesionados y al menos dos civiles. En todos los casos, se dispone de los dictámenes médicos elaborados en los hospitales del sector salud estatal en los que fueron atendidos los heridos.
5. Cabe destacar que durante la agresión de los manifestantes, se estima que al menos fueron detonados un estimado de doscientos cohetones, cuyo poder de impacto no solo lesionó personas, sino que destrozó cascos protectores y escudos de la policía, lo cual demuestra su poder de daño.
6. Lamentablemente, se cuenta con un caso, el de mayor gravedad, que es el del menor de edad Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien fue lesionado gravemente por uno de los cohetones lanzados por los manifestantes en su violenta protesta, y que hoy se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, después de una intervención quirúrgica que le fue practicada la noche de los hechos y se destaca que se ha llevado a cabo el protocolo médico recomendado en estos casos.
7. El propio 9 de julio de 2014, se aseguraron a cuatro personas que participaron en los hechos delictivos y violentos, emprendiéndose por la Procuraduría de Justicia del Estado las acciones jurídicas del caso, motivo por el cual fueron consignadas ante el juez penal correspondiente.
8. El avance de la investigación dispone ya de evidencia contundente, en virtud de que se tienen testimonios, fotografías y videograbaciones que identifican plenamente a un número importante de agresores. Muchos de estos elementos son inclusive públicos, y confirman de manera evidente la relatoría expuesta.
9. Desde el principio de este incidente, el Gobierno de Puebla ha ofrecido la más amplia cooperación con las Comisiones de Derechos Humanos, estatal y nacional, esta última a cargo de las investigaciones que atrajo a su ámbito, instancia a la que se le allegarán todos los elementos de que se disponen.
10. Adicionalmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado dará vista a la Procuraduría General de la República, una copia de la averiguación previa respectiva, y le aportará también los peritajes, estudios técnicos y todos los elementos que obran en el expediente.
11. La Secretaría General de Gobierno pondrá a disposición del Congreso del Estado de Puebla la información pertinente de la que estamos dando cuenta.
12. El Gobierno del Estado de Puebla ratifica su compromiso con la preservación del Estado de Derecho, condena la actitud consciente, premeditada y organizada de grupos que encubren en la protesta una franca intención de provocación que afecta la integridad de los ciudadanos y los derechos de terceros, ratifica su respeto a la libertad de expresión, de manifestación y de protesta, sin distingo de la causa que la motive, en tanto no se incurra en la comisión de conductas delictivas, en agravio de la sociedad poblana.
13. En el Gobierno de Puebla confiamos en que la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos garantiza una investigación objetiva, seria e imparcial y que habrá de contribuir al esclarecimiento de los lamentables hechos y se haga justicia, que es nuestro principal interés en este caso.