El pasado 30 de mayo, cuando se iniciaron las obras para la autopista Naucalpan-Aeropuerto de Toluca, fueron demolidos casas y negocios de los afectados (descendientes de otomíes), en el kilómetro 9 de la carretera libre Naucalpan-Toluca. El proyecto de Autopista Naucalpan – Aeropuerto de Toluca (también llamada Interlomas-Aeropuerto), pretende destruir más de 600,000 metros cuadrados de bosque, afectando la producción de 250 millones de litros de agua por año, todo esto para el paso de un proyecto carretero privado, que plantea conectar una de las zonas de lujo, Santa Fé, con el aeropuerto de Toluca, la cual fue impuesto sin considerar la opinión de los pueblos a quienes nunca se les consultó para saber su opinión del proyecto, por el contrario únicamente llegaron con el aviso de imposición, ocasionado conflictos internos en las comunidades al corromper ilegalmente a cientos de comuneros con dinero. Sin embargo, el 30 de abril fueron citados a dialogar. Los atendió el director de Gobernación regional, Cuauhtémoc García Ortega. Quien les dijo que quería llegar a un acuerdo para que dejaran las tierras por donde iba a pasar la autopista. Ante este hecho los comuneros dijeron que no se oponían nada más que debían de pagarles sus bienes. Por lo que, autoridades y constructores se comprometieron a pagar a las familias del ejido San Francisco Chimalpa sus viviendas y negocios, que serían demolidos para construir la vialidad. Para ello se tomarían en cuenta avalúos realizados en 2011, y se comprometieron incluso a pagar las mejoras realizadas a las viviendas y negocios. Sin embargo, la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México (Propaem) aplicó la sanción máxima de tres millones 700 mil 950 pesos a cada una de las 15 familias de campesinos del ejido San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan, por rellenar con cascajo y tierra una barranca contigua al trazo de la autopista Naucalpan-Aeropuerto de Toluca, por lo que les dieron un ultimátum de pagar la multa a más tardar este jueves. Por lo que, el senador Alejandro Encinas expresó su enérgico rechazo al proyecto impuesto y al pago de multa a los afectados por la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México (Propaem), ya que dijo que además de desalojarlos de sus tierras, ahora pretenden hacerles pagar una multa tan alta, cuando son familias de escasos recursos económicos, que ganan el salario mínimo. “Es lamentable que digan que violaron el Código de Biodiversidad del estado de México debido a que rellenaron mil metros lineales, levantaron taludes a 20 metros y sus negocios no contaban con estudios de impacto ambiental, cuando el gobierno Estatal y la (Propaem), pretenden destruir más de 600,000 metros cuadrados de bosque, afectando la producción de 250 millones de litros de agua por año”. Asevero Hago un llamado urgente a las autoridades y al Gobierno del Estado de México, para que condonen el pago de multa a las familias afectadas y exijo a las autoridades y a los constructores a que cumplan con el compromiso de pagar a las familias del ejido San Francisco Chimalpa sus viviendas y negocios demolidos.
Los despojan y los multan: Encinas Rodríguez
