Luanda (PL) Cual arte de destruir hombres, la violencia interétnica en la República Centroafricana (RCA) mantiene al borde de la deshonra a África y a la comunidad internacional, impotentes ante una prolongada crisis sin precedentes.
Regatos de sangre tiñen ese pequeño país desde que el 24 de marzo de 2013 la coalición insurgente Séléka (alianza en lengua sango), tomó el Palacio Presidencial en Banguí y el gobernante Francois Bozizé, cuestionado por la ilegitimidad de su régimen, huyó a la República Democrática del Congo.
Desde ese cobarde efugio, los centroafricanos apenas sobreviven atemorizados por una interminable crisis política y de seguridad.
Con saña, desorganizadas milicias Séléka, en su mayoría musulmana, y cristianas antiBalaka no se dan tregua entre ellas y contaminadas por el crimen emplazan a la muerte bajo disparos de fusiles, linchamientos, palizas y cisuras de machetes y cuchillos.
A partir de la asonada golpista islámica, aseguran testigos, la venganza antiBalaka parece ser el plato mejor aderezado en las tinieblas y en la infausta tierra centroafricana.
Reporteros internacionales al pie de los hechos relatan que ambas milicias actúan muy parecidas: sin líder y propuestas políticas, pero resentidas y embriagadas en usurpar vidas sin mediar palabras.
En solo 16 meses, la RCA registra incontables niñas y niños huérfanos, y más de la mitad de la población grita necesitada de urgente asistencia humanitaria.
Por la violencia religiosa, uno de cada cinco centroafricanos huye o se desplaza a países vecinos. De igual manera, autoridades educacionales no han podido ajustar el programa nacional de regreso a la escuela, correspondiente al curso 2013/2014. En la cresta de la crisis, hace siete meses, de acuerdo con reportes de organizaciones humanitarias, la cifra de personas desplazadas internamente en el país alcanzó las 935 mil, mientras, solo en la capital, Banguí, alrededor de 500 mil vivían hacinadas en 67 lugares.
GOBIERNO DE TRANSICIûN Y FUERZAS SIN PODER
Bajo ese escenario, el 23 de enero pasado la exalcaldesa Catherine Samba-Panza ocupó la presidencia de transición, al sustituir al exjefe de los rebeldes de Séléka Michel Djotodia, quien tras frecuentes choques interétnicos, junto a su primer ministro, Nicolás Tiangay, notificaron su renuncia en N’Djamena, capital de Chad.
Djotodia fue forzado a abandonar la silla por no haber podido reponer el orden y la seguridad.
Samba-Panza tiene muy buenas intenciones, pero siete meses después de asumir el cargo sigue sin poder detener la espiral de violencia y, menos aún, cerrar puertas del pasado y encender lucernas de reconciliación y paz.
Con similar misión y también sin cumplirla, unos mil 600 soldados franceses se desplegaron en diciembre pasado en el país, en el ámbito de un mandato de las Naciones Unidas, junto a unos cuatro mil militares de la Fuerza Africana de Mantenimiento de la Paz (Misca).
A los ataques de las milicias tampoco escapan estas fuerzas internacionales que no han podido proteger plenamente a la población civil.
La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la RCA (Minusca), cuya disposición básica incluye proteger los derechos humanos y combatir la impunidad, será enviada al país el próximo 15 de septiembre.
RENDIR CUENTAS
Como parte del abanico de denuncias, Amnistía Internacional (AI) hizo públicas recientemente varias identidades de personas sospechosas de ordenar o perpetrar crímenes en la RCA.
En su informe, titulado «República Centroafricana: Es hora de rendir cuentas», la organización fundamenta delitos de derecho internacional cometidos en todo ese territorio durante 2013 y en lo que va de 2014.
Reclama que se investiguen los hechos, se procese y castigue a los responsables.
Menciona a miembros y seguidores de Séléka y antiBalaka que presumiblemente participaron en violaciones de los derechos humanos, y hace énfasis en su desempeño y viable responsabilidad penal.
«Para que la RCA pueda reponerse de la orgía de muerte en que está inmersa desde diciembre de 2013, resulta imprescindible que se obligue a responder de sus actos a quienes idearon, cometieron o participaron en esos crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves abusos contra los derechos humanos», dijo al respecto Christian Mukosa, investigador de AI.
Pidió no propiciar a los autores la posibilidad de ocultarse de la justicia. «Solo poniendo fin a la impunidad se podrá detener el ciclo de violencia que atenaza a la RCA», puntualizó.
Relatos de testigos presenciales, fundamentados por AI, revelan el papel de los jefes militares de Séléka.
Mukosa exigió a los países que no faciliten refugio seguro a personas sospechosas de cometer o apoyar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La organización solicitó que se actúe con carácter urgente en el ámbito nacional, regional e internacional para reconstruir el sistema de impartir justicia y hacer cumplir la ley en la nación africana.
A tono con las acciones, el primer ministro de la RCA, André Nzapayéké, afirmó en Luanda que el gobierno de transición de su país realiza esfuerzos para encontrar, en una mesa de negociaciones, una solución pacífica y duradera a la crisis.
«Pensamos que después de tantos años de sufrimiento no deben existir más personas dispuestas a continuar por el camino de la guerra», dijo Nzapayéké tras sostener una audiencia con el presidente angoleño, José Eduardo dos Santos.
Alertó que el conflicto en su país está poniendo en peligro a África Central y más allá, sobre todo por la grave situación humanitaria.
Vaticinó que el Fórum de Reconciliación Nacional y Diálogo Político, previsto para celebrarse del 21 al 23 de julio venidero en Brazzaville (Congo), traerá estabilidad política en la RCA.
«La intención es que se adopte, esencialmente en esa reunión, una plataforma entre las fuerzas beligerantes, por el cese de las hostilidades», sentenció.