En México no se conoce la situación jurídica ni las condiciones en las que viven 30 mil niños en albergues, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El rescate de 458 niños y adolescentes del albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán volvió a evidenciar el hecho de que en México no se sabe la situación jurídica y las condiciones de seguridad de los casi 30 mil niños y niñas que viven en albergues.
Ya había pasado en 2008, en Casitas del Sur, institución de la que Ilse Michel Curiel Martínez una pequeña de sólo 10 años de edad y otros 20 niños más, simplemente desaparecieron.
Ese escándalo vino a revelar que no existía una base de datos de los niños que habitan en los albergues y que el Estado no tiene el control de las instituciones privadas que los alojan. Es decir, no se sabe cómo viven, cómo los tratan y ni siquiera si van a la escuela.
Excélsior publicó ayer el caso sobre niños y adolescentes que vivían en el albergue La Gran Familia fundado por Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa, quienes eran utilizados para robos, saqueos y extorsiones.
En este contexto la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advirtió que este no es un caso aislado por lo que demandó al Estado mexicano garantizar la seguridad de los casi 30 mil niños y niñas que se encuentran en instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad.
Para la Redim el caso del albergue La Gran Familia es paradigmático ya que refleja los diversos vacíos institucionales y legislativos que existen en México para garantizar los derechos de los menores que se encuentran privados de los cuidados familiares.
“Hay omisiones en todos los niveles, el tema no es si la señora (Mamá Rosa) es buena o mala, significa que todo lo que sucede ahí es su responsabilidad, el tema es que se hace una fórmula terrible de impunidad, corrupción y fragilidad institucional para cumplir las leyes”, alertó Juan Martín Pérez, director de la Redim.
En entrevista dijo que éste y los nuevos escándalos que vengan muestran claramente que el Estado no está haciendo su tarea, pues la falta de control en los albergues que, se supone, están para rescatar a los niños del desamparo familiar, los empujan a una violencia peor.
“Sabemos que el DIF no solamente atiende a niños en condición de exclusión, atiende adultos mayores, discapacidad; es decir, que tal y como está el DIF no tiene ninguna capacidad instalada, lo cual no le exime de su responsabilidad, pero es por eso tan urgente que se cree un sistema nacional de garantías que permita que los esfuerzos y que esa responsabilidad quede compartida y al mismo tiempo supervisada”, planteó.
El rescate de los seis bebés, los 278 niños y las 174 niñas en Michoacán a decir de la Redim, representa el reconocimiento de la existencia de cientos o miles de albergues sin regulación ni supervisión que son, sin duda, una de las más grandes omisiones del Estado frente a los derechos de los niños y niñas más excluidos.
Según la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) en nuestro país se identifican aproximadamente 412 mil 456 niñas y niños privados de cuidados parentales, de los cuales 29 mil 310 se encuentran viviendo en 703 instituciones.