(ng) La Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general que el gobierno federal asuma el pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Pemex, que asciende a un billón 119 mil 208 millones de pesos, y de la CFE, que llega a 451 mil 788 millones de pesos, comprometidos con 116 mil 451 jubilados y pensionados, así como con 223 mil 760 trabajadores en activo.
Mantuvo su exigencia de que los sindicatos de ambas empresas tienen que negociar los nuevos términos de sus contratos colectivos para que sus sistemas de pensiones y jubilaciones se ajusten “a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del gobierno federal”.
Además, ante la demanda insistente de la izquierda de transparentar los pasivos de ambas empresas, los diputados acordaron establecer en el régimen transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audite los fondos de pensiones de Pemex y CFE, para que finque responsabilidades contra los responsables de las irregularidades que detecte.
Los diputados del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza acordaron modificar el Tercero transitorio del dictamen que contiene los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda Pública para dejar en claro que el gobierno federal saneará parte de las finanzas de Pemex y CFE, pero no respecto a todos los pasivos, sino únicamente los laborales, que son los relacionados con pensionados y jubilados.
De acuerdo con un documento enviado por el gobierno federal a los diputados federales, el pasivo de Pemex se divide en dos grandes rubros.
El primero, denominado Pasivo Financiero, es de un billón nueve mil 754 millones de pesos y se refiere a deuda exigible, constituida por obligaciones financieras, cuentas y gastos acumulados por pagar, instrumentos financieros derivados, impuestos y derechos por pagar.
El segundo es el Pasivo Laboral, que es de un billón 119 mil 208 millones de pesos, y que es una estimación o cálculo actuarial del total de pensiones que Pemex paga y deberá pagar a sus trabajadores cuando se jubilen; “el pasivo laboral no es una deuda exigible de inmediato, por ello se denomina contingente, debe ser garantizada por el deudor, idealmente, mediante la creación de un fondo de previsiones laborales”, dice el documento.
Precisa que Pemex tiene un total de 153 mil 233 trabajadores en activo y 75 mil 852 pensionados; éstos significan un flujo anual de 25 mil 255.8 millones de pesos en el presupuesto de Pemex; “en su calidad de patrón, el gobierno federal tiene a su cargo la sustanciación de los pagos de jubilaciones, como lo ha hecho hasta el momento”.
CFE tiene un pasivo laboral de 451 mil 788 millones de pesos, con 70 mil 527 trabajadores en activo y 40 mil 599 trabajadores jubilados; estos últimos implican una erogación de 13 mil 381 millones de pesos; aclara que desde 2008 la CFE modificó su esquema de pensiones, por lo que los trabajadores contratados a partir del 19 de agosto de 2009 ya tienen cuentas individuales.
El pleno de la Cámara de Diputados conoció esta madrugada la modificación acordada para dejar en claro que el gobierno federal “podrá asumir una proporción de la obligación de los pagos de las pensiones y jubilaciones en curso de pago”, tanto de Pemex como de CFE, que estén “reconocidas a la entrada en vigor del presente Decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha”.
Recuerda que esto ocurrirá sólo si los sindicatos y las empresas aplican un Programa de Austeridad en el Gasto y modifiquen los contratos colectivos de trabajo. “Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa”, y mantienen que esos cambios deben transitar a las cuentas individuales para los nuevos trabajadores.
El cambio hecho al dictamen de las comisiones unidas añade que “como requisito indispensable para que el gobierno federal pueda asumir, en los términos del presente artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica a los fondos de pensiones y jubilaciones”, de ambas empresas, “con objeto de identificar las características de las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones referidas y las determinantes de la evolución del mismo”. La auditoría deberá estar lista a más tardar un año después de la entrada en vigor de la ley.