Washington, 12 ago (PL) Pese a la parálisis en el Congreso respecto al tema migratorio, el presidente Barack Obama podría beneficiar con medidas ejecutivas a cinco de los cerca de 11,5 millones de personas indocumentadas que hoy residen en el país.
En junio del año pasado, el Senado dio luz verde a una medida que avanza en la entrega de la ciudadanía a las personas sin papeles; sin embargo, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes persiste en su negativa a concederles tal beneficio, argumentado que ello equivaldría a extenderles una amnistía.
Ante tal obstruccionismo, el mandatario advirtió semanas atrás que comenzaría a adoptar medidas discrecionales para reparar, en lo posible, el quebrado sistema migratorio a nivel nacional.
Pese a ello, la Casa Blanca ha continuado una imperturbable política de deportaciones que ha llevado a la expulsión de más de dos millones de personas desde el inicio de su gestión en 2009.
Según expertos en el tema, aunque Obama no puede detener todas las deportaciones sin incurrir en un problema legal y otro político, al menos puede lograr algo tan ambicioso como evitar la expulsión de cerca de cinco millones de inmigrantes ilegales.
Entre las medidas a disposición del líder del Ejecutivo está la emisión de permisos de residencia para los padres de los denominados dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron a esta nación siendo pequeños, de los cuales alrededor de 600 mil han sido beneficiados con el denominado DACA.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals), más conocido como DACA, beneficia solo a quienes entraron al país antes del 15 de junio de 2007, hace siete años.
Asimismo, el gobernante podría ordenar modificaciones del criticado programa policial Comunidades Seguras, cuyo perfil calificado de racista faculta a las autoridades a indagar sobre el estatus migratorio de una persona bajo la simple suposición por su apariencia de que resulta un ilegal.
De igual manera, el presidente Obama podría flexibilizar las leyes que prohíben la entrada, por períodos de entre tres y 10 años, a los expulsados por infracciones migratorias, subrayó el diario californiano La Opinión.
Aunque la Casa Blanca reiteró este martes que las autoridades están «considerando sus opciones», Obama ha dicho claramente que actuará en las próximas semanas, al final del verano (boreal, en septiembre).
No podrá (Obama) dejar a todos contentos en este debate, ni podrá frenar todas las deportaciones u ofrecer residencia permanente, pero sí autorizar permisos de trabajo a quienes no son un peligro para Estados Unidos, explicó Robert Sakaniwa, analista de Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidense.
Obama podría beneficiar a cinco millones de indocumentados en EE.UU.
