Ante las afectaciones al medio ambiente y por consiguiente a las personas, que en ciertas ocasiones provocan programas y proyectos de gobierno, es necesario que en la formulación de la política nacional de cambio climático se garanticen y protejan los derechos humanos, señaló la senadora Cristina Díaz Salazar, al presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Cambio Climático.
En la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora por Nuevo León expuso que México realiza diversas actividades a fin de dar cumplimiento a sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En ese sentido, explicó que se han elaborado documentos de planeación a nivel y estatal, así como la elaboración de las comunicaciones nacionales del país con sus respectivos inventarios de emisiones de gases.
No obstante que según la legislación en la materia, que obliga al Gobierno federal y a los estados a enfrentar los efectos adversos del cambio climático, se han separado los temas de medio ambiente con el de los derechos humanos, mencionó.
La senadora Cristina Díaz dijo, al exponer su propuesta, que la relación entre Derechos Humanos y el cambio climático ha sido analizada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Banco Mundial y la Organización de los Estados Americanos.
De los estudios que han realizado los citados organismos, se destaca la importancia de incluir dentro de las políticas de cambio climático la perspectiva de Derechos Humanos, de manera que no se aparte la una de la otra, sino que se complementen y a ellos responde la iniciativa, declaró la legisladora.
Tomando en cuenta que nuestro país es uno de los principales promotores en el mundo de la protección y respeto de ambas temáticas, es importante que nuestra legislación nacional demuestre congruencia con lo fijado por nuestro país ante los organismos internacionales, concluyó.