Buenos Aires, 15 ago (PL) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina formalizó hoy aquí la denuncia penal bajo la Ley Antiterrorista contra la empresa norteamericana RR Donnelley, anunciada por la presidenta Cristina Fernández.
Esa multinacional de la industria gráfica, vinculada a los fondos buitre, es acusada de alterar el orden económico y financiero nacional, además de incitar al miedo entre trabajadores y la población general por el cierre ilegal de su sucursal en Buenos Aires tras la declaración de una falsa quiebra.
La abrupta suspensión de las operaciones dejó en la calle a más de 400 trabajadores, con lo cual pretende en compañía de los medios hegemónicos crear un clima de terror económico, fustigó la Presidenta.
El juzgado del magistrado federal Daniel Rafecas deberá ahora dar vista a la fiscalía, a cargo de Patricio Evers, para que elabore un dictamen que de impulso a la investigación si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado, informó la agencia de noticias Télam.
Los juzgados bajo el artículo 309 de la Ley Antiterrorista encaran penas de prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años.
Es aplicable también a los que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizaren actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.
El gobierno argentino también prepara un expediente con todas las pruebas de la falsa quiebra para presentarlo ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, a la que RR Donnelley anunció una pérdida de más de 20 millones de dólares por la quiebra de su sucursal en Buenos Aires.
Formaliza gobierno argentino denuncia penal contra empresa Donnelley
