ENTREVISTA A ELOÍ VÁZQUEZ LÓPEZ, COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL DEL PRD, POR CARLOS CORDERO, REPORTERO DE QUADRATÍN MÉXICO

CC: Opinión y postura del comisionado Eloí Vázquez sobre que el titular de Seguridad Pública de Oaxaca se le vincule con nexos delictivos.
EVL: El documento que publica Quadratín ya había sido difundido ampliamente el 27 de diciembre de 2013 por los medios digitales e impresos nacionales y locales, con motivo de la propuesta que había hecho llegar el Gobernador para que Esteva Salinas fuera ratificado como Secretario de Seguridad Pública y fue desvirtuado por el propio interesado a satisfacción de los Diputados de todos los partidos representados de la LXII Legislatura del Estado, quienes en una votación unánime y con base en documentos oficiales, ratificaron su nombramiento la noche del 30 de diciembre 2013. En ese sentido, es un asunto concluido. Casualmente vuelven a sacarlo a la luz pública justo cuando el PRI está exigiendo que se reprima al movimiento magisterial violentamente, como resultado de las acciones que han protagonizado grupos de provocadores indudablemente patrocinados por el PRI, señaladamente de la facción de Ulises Ruiz, que con esta campaña, pretende extender una corina de humo y un instrumento de presión, luego de la captura de Bulmaro Rito Salinas con el fin de evitar que se ejecuten las ordenes de aprehensión que existen en contra del resto de sus colaboradores más cercanos. En particular la campaña para desacreditar políticamente a Esteva se inicia en 2003. Después de su renuncia al PRI comenzó el golpeteo por ese mismo expediente, cuando hizo visible su aspiración a contender por la Presidencia Municipal de la Capital que había ganado en 2001 Gabino Cué, de quien fue colaborador.
CC: Hasta el momento la PGR no ha atraído el caso para abrir una averiguación previa, ¿a qué se debe la inoperancia y apatía de la Procuraduría para emprender acciones en estos casos, en incongruencia con otras acciones donde se aplica toda fuerza del Estado mexicano?
EVL: La versión que conozco es que la PGR en el análisis de esa documentación no ha encontrado elementos. Pero quién puede responder con mayor precisión es Murillo Kara,. quien por cierto podría explicar porqué no ha ejecutado las ordenes de aprehensión contra los ulisistas mencionados y contra policías y funcionarios responsables de los crímenes en 2006 que la Suprema Corte de Justicia señaló en la resolución al respecto, entre los que se cuenta a Jorge Franco Vargas, quien fuera su Secretario General de Gobierno.
CC: La PGJE de Oaxaca sería la encargada de llegar las investigaciones correspondientes, para deslindar responsabilidades, ¿actuaría con imparcialidad y sería competente para cumplir la orden de aprehensión vigente a ejecutar?
EVL: Sí. Otra instancia que puede responder esta pregunta es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, quién por cierto, también podría explicar, porque tiene congeladas las investigaciones en contra de Héctor Pablo Ramírez Puga, actual Director General de LICONSA, quien, en su momento, fue señalado por algunos medios como responsable de peculado de al menos dieciocho millones de pesos, el cual presuntamente cometió siendo Director de Comunicación Social del Gobierno de Ulises Ruiz.
Corresponde a la PGJEO en estos casos y en el de los escoltas de Esteva Salinas, la investigación y el deslinde de responsabilidades, como en cualquier tema de carácter judicial, su trabajo es actuar siempre imparcialmente, y por supuesto que es competente para hacer cumplir la ley en lo que proceda. Yo hago un llamado a la transparencia, trátese del partido que sea. Porque también hay que agregar que no se ha investigado lo suficiente, ni mucho menos esclarecido a satisfacción en el caso de asesinatos de dirigentes como el diputado Everardo Hugo Hernández Guzmán, perpetrado en septiembre de 2013, Nicolás Estrada Merino, quien era presidente del Consejo Estatal del PRD, Arturo Pimentel Salas, dirigente social en la Mixteca, Ignacio García Maldonado, colaborador de Flavio Sosa, y otros más cuyos asesinos se encuentran en la impunidad y hay que buscarlos entre los personeros del antiguo régimen autoritario.
CC: ¿El Gobierno de Oaxaca debe separar del cargo a Alberto Esteva Salinas mientras se realicen las investigaciones para deslindar responsabilidades?
EVL: Si el Congreso del Estado hubiera encontrado elementos suficientes ni siquiera lo hubiera nombrado. Es más, la oposición priísta pudo haber votado en contra y dejado constancia de su inconformidad si hubiese encontrado un mínimo de fundamento para hacerlo, porque tuvo toda la documentación necesaria en sus manos. No lo consideraron así, por su parte el Gobernador antes de hacer el nombramiento seguramente también se allegó de elementos para tomar su decisión.
CC: ¿Por qué el Gobierno de Oaxaca y el Congreso estatal no cotejan los documentos presentados por los funcionarios y ratifican los cargos sin investigar si se cuentan con antecedentes penales?
EVL: Ya comenté que el 26 de diciembre de 2013, cuando Esteva Salinas fue propuesto para el cargo, los medios divulgaron exactamente ese mismo oficio que ustedes publican ahora. En aquel momento, el Congreso del estado retiró el punto del orden del día, abrió la investigación, llamó a comparecer a Esteva y analizó toda la documentación por lo que fue hasta el 30 de diciembre cuando lo ratificó por unanimidad. Entiendo que fue porque comprobó que no había impedimento legal para que ocupara la responsabilidad que le confirió el gobernador Gabino Cué.
CC: ¿Oaxaca también necesita depuración en sus corporaciones policiacas y congreso local y estatal, como el estado de Michoacán?
EVL: Con todo respeto, no existe punto de comparación ni entre ambos estados respecto de su situación política y su seguridad pública, ni entre los gobiernos. En primer lugar, en Michoacán no ha habido una depuración, sino un relevo de mando, una ocupación de la plaza por las fuerzas federales que todavía no puede evaluarse plenamente; el inconcluso proceso de pacificación, no ha evitado que sigan los asesinatos, y me temo que, si bien han habido aprehensiones de delincuentes, lo que pareciera es que se está sustituyendo un cartel por otro nuevo. La sustitución del gobernador Vallejo, por el nuevo Gobernador Jara, se retrasó porque si Vallejo hubiera renunciado en la época en llegó Castillo, obligadamente se tenía que convocar a elecciones extraordinarias. La complicidad de Fausto Vallejo con el crimen organizado fue originaria, éste lo llevó a la gubernatura y eso lo sabía el Gobierno Federal, por eso lo ocupó primero para ganar con dinero y amenazas provenientes del cartel y luego, aun demostrada su ineptitud y complicidad, lo sostuvo, para que la izquierda no pudiera recuperar la gubernatura mediante una elección extraordinaria. El caso de Oaxaca es totalmente diferente, comenzando porque su gobierno es producto de una ciudadanía que acudió a votar libremente y sin amenazas de ningún tipo que ya estaba harta de los gobiernos autoritarios y corruptos del PRI en el estado, que actuaron siempre en detrimento de los derechos humanos y civiles. Se que existen sectores de los poderes fácticos que desean desplazar a los gobiernos de la izquierda en Oaxaca y en todo el país, para restaurar plenamente el régimen autoritario y pretenden imponer un Comisionado federal en cada estado donde hoy gobiernan fuerzas democráticas, como es el caso de Oaxaca. El desgaste mediático de la imagen de las fuerzas de seguridad pública y de sus mandos es el primer paso para la intervención de las fuerzas federales. Dejar a Oaxaca sin fuerzas de seguridad locales tiene como propósito intimidar a la ciudadanía para desalentar su participación a favor de la Coalición gobernante en el proceso electoral del 2015, como preámbulo para evitar una competencia real en el 2016 que propicie la restauración del ulisismo.
Hago un llamado a todos los actores políticos a reflexionar sobre este punto y al Gobernador de Oaxaca Gabino Cué, a intensificar la operación política, para construir los consensos necesarios a fin de encauzar las contradicciones de una realidad tan compleja por la vía de la paz y el desarrollo. En eso, todos estamos obligados a contribuir: el Gobierno Federal respetando la soberanía estatal y flexibilizando sus posiciones respecto de la legislación educativa y la Sección XXII, también debe poner de su parte acercando sus posturas a la búsqueda de acuerdos. Con respecto al Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Alberto Esteva Salinas, estoy seguro que sabrá esclarecer satisfactoriamente la situación de sus escoltas, apegado en todo momento, a la ética.

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