La Paz, (PL) El asesinato en febrero de 2013 de la periodista Hanaly Huaycho por su esposo, el teniente de la policía Jorge Clavijo, aceleró el trabajo en el Legislativo para poner a punto una ley que liquidara, de una vez por todas, los homicidios de mujeres en Bolivia.
Unas semanas después el presidente Evo Morales promulgó la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la cual, en uno de sus artículos aclara que «el Estado Plurinacional asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de dominación en razón de género».
Al mismo tiempo agrega que «los órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio».
La norma es clara y, si se analiza con detenimiento, cada uno de sus acápites va encaminado a poner coto a la violencia doméstica, un mal enquistado en la sociedad boliviana desde tiempos inmemoriales, cuando la mujer era solo un objeto más, propiedad del hombre de la casa.
Por unos meses primó el silencio y aunque se registraron miles de denuncias por violencia doméstica, parecía que los casos de feminicidio habían pasado a un segundo plano, pero llegó agosto de 2014 y los indicadores aportados por las autoridades dejaron sobre el tapete la verdadera realidad.
En los primeros seis meses del año se registraron 59 casos de asesinato y saltaron las alarmas y los pedidos de sanciones más severas, incluso los llamados a instaurar la pena de muerte para los culpables.
Un reporte policial aclara que «en la mayoría de los casos hubo violencia contra las víctimas ejercida por sus parejas o exparejas» y recuerda que 98 mujeres murieron en seis meses, aunque solo en 59 casos se puede considerar feminicidio.
El departamento con mayor cantidad de casos fue Cochabamba, con 24, seguido de La Paz (16) y Santa Cruz (8), cantidades alarmantes, que casi duplican los hechos de los primeros seis meses del año anterior.
Sin embargo, en los primeros días de agosto el número de asesinatos de mujeres se disparó y solo en el departamento de Santa Cruz se registraron ocho casos aún sin terminar el mes, el último de ellos el de una joven modelo.
El asesino fue encontrado y condenado a los dos días a 30 años, una situación singular en un país donde los procesos judiciales se eternizan en el tiempo a pesar de los constantes llamados del jefe de Estado para acelerarlos.
La alarma por los feminicidios llegó a todos los sectores sociales y también las voces que reclaman el endurecimiento de las sanciones, incluso desde el propio Legislativo. En opinión del presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, «se deben endurecer las sanciones, incluyendo la figura de penas colaterales, para que los responsables del delito deban resarcir, de alguna forma, el daño causado a la familia de la víctima y a la sociedad».
Asimismo, el presidente de la Cámara Baja adelantó la presentación de un proyecto para analizar la posibilidad de endurecer, con penas colaterales, la estadía de los reos en las cárceles, incluso con trabajos forzados durante 30 años.
Mientras, la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la referida instancia legislativa hasta enero pasado, Betty Tejada, advirtió que si la ciudadanía pide, mediante referéndum, la pena de muerte para estos casos, la misma debe ser aplicada.
Sin embargo, dejó entrever que la pena capital podría no ser la solución para resolver un problema acendrado en el país.
«Si yo hubiera visto que en otros países la pena de muerte tiene un resultado, que se disminuyó los asesinatos, diría sí, estoy de acuerdo (…) Si el ciudadano lo pide mediante un referéndum, hay que hacerlo, a lo mejor necesitamos mandar a la pena de muerte a cuatro o cinco para que se den cuenta lo que es perder la vida», enfatizó Tejada.
El también legislador del MAS, Carlos Aparicio, primer secretario de la Cámara de Diputados, elogió la rapidez con la cual actuó la policía en la búsqueda del asesino de la modelo de 27 años Sophia Leticia Calvo Aponte, asesinada en Santa Cruz, y destacó que así debería actuar siempre la justicia.
«Creo que es histórica la decisión y el fallo inmediato de un juicio abreviado a 30 años de cárcel», comentó Aparicio, quien insistió en que ese caso debe ser un ejemplo para el resto de los hechos en los que se evidencia la culpabilidad del delincuente pero por diferentes temas los abogados alargan los casos. Mientras, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas, recordó que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Procedimiento Inmediato, que fue aplicada en este caso por los miembros de la justicia por lo que consideró que ese accionar debe ser imitado.
«Ojalá pueda servir de ejemplo para las autoridades del ûrgano Judicial porque son ellos quienes administran la justicia», resaltó Cejas.
La también diputada Marianela Paco tiene claro que el Estado boliviano está en la capacidad de reducir índices de criminalidad y violencia, pero advirtió que para lograrlo se necesita el acompañamiento y un «cambio de mentalidad de los administradores de justicia».
Otras voces llaman a políticas de prevención, entre ellas Irma Campos, coordinadora del Programa Combatiendo la Violencia contra la Mujer, de la Cooperación Técnica Alemana, quien reclamó el trabajo de todos los estamentos sociales.
«Debemos hacer mucha prevención y todos estamos llamados a hacerlo, por eso la ley es integral y llama a todos los sectores, a las organizaciones sociales, a las universidades, a los gobiernos departamentales, a las gobernaciones, al sector privado».
Para Campos, la lucha contra el feminicidio es una prioridad nacional y llamó a «mirar desde las maneras en las que nos relacionamos e interactuamos. Estamos hablando del proceso de despatriarcalizar».
Hay que trabajar, insistió, en el ámbito educativo, desde la familia y la casa y pidió a las escuelas, la Policía y los gobiernos municipales canalizar acciones de prevención contra la violencia.
Por último, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, demandó a fiscales y jueces aplicar sin temor la ley en casos de violencia contra la mujer.
«Pese a los avances, los esfuerzos y el trabajo que realizamos creo que falta la aplicación correcta de la legislación a favor de las mujeres. No se aplica la pena máxima de 30 años que dice la norma en delito de feminicidio, que no habla de privación de cinco o seis años», detalló.
Gutiérrez se declaró partidaria de la pena de muerte «porque no se pueden tolerar hechos de violencia contra las mujeres, como lo sucedido con la modelo asesinada en Santa Cruz de manera atroz», aunque advirtió que «la madre de todas las normas, la Constitución Política del Estado, no habla de pena de muerte».
Además de la pena capital y sanciones paralelas para indemnizar a la sociedad y a las familias afectadas, otras voces insisten hasta en la castración para aquellos que violan antes de asesinar.
De cualquier manera, los casos de violencia contra las mujeres han vuelto a destapar la alarma en el país y aunque el gobierno y la sociedad en su conjunto intentan ponerle coto, nadie sabe a ciencia cierta cómo y cuándo el índice de asesinatos contra las féminas disminuirá.
La violencia contra la mujer vuelve a escena en Bolivia
