En los últimos siete años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha clausurado en México 77 minas por irregularidades en su operación.
De esos casos, 27 corresponden sólo al último año, luego de 576 visitas de inspección a empresas, informó Arturo Rodríguez Avitia, subprocurador de Inspección Industrial de la dependencia.
Del total de casos, detalló, 69 fueron cierres totales y ocho parciales.
El funcionario refirió que entre las irregularidades graves detectadas en las minas está la falta de permisos para operar, e incumplimientos en el sistema de control y detección de fugas.
Pese a la magnitud del problema que puede generar un percance en una mina, reconoció que la Profepa no tiene capacidad para inspeccionar a todas las empresas.
«No se puede ver a todas en un mismo año. En primer lugar, se inspecciona a las empresas que no se han visitado recientemente; enseguida, a las que se detectó una irregularidad grave en una visita anterior, y en tercer lugar, a las empresas mineras que tienen problemas para el cumplimiento de medidas ordenadas», explicó.
A nivel nacional existen mil 252 empresas mineras que son susceptibles de inspección, y de esa cifra, sólo 576 han sido inspeccionadas en lo que va de la actual administración federal.
«De estas mil 252 empresas, y de las 576 que nosotros estamos inspeccionando (en esta administración), una de cada 20 tiene algún problema grave», señaló.
Sobre el percance registrado el pasado 6 de agosto en la minera Buenavista del Cobre, en Cananea, indicó que en el pasado han atendido casos de derrames de lixiviados, pero no en la dimensión en la que ocurrió aquí.
Rodríguez aseguró que ante casos como este, la Profepa ha intensificado la inspección en este sector y trabaja en el programa de normalización, a fin de establecer sanciones más estrictas para las empresas mineras.
Las normas oficiales 155 y 159 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), refirió, establecen las características que deben considerarse en el diseño, construcción y operación de los patios de lixiviación, ya que es precisamente en este sitio donde pueden ocurrir los principales impactos ambientales.
El 18 de agosto pasado, la Profepa denunció penalmente ante la PGR a Grupo México por el derrame de 40 millones de litros de solución ácida de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
En lo que va del sexenio, la Comisión Nacional del Agua ha registrado 32 derrames de tóxicos en cuerpos de agua federales.