EE.UU.: las fallas del sistema de justicia

Washington, 8 sep (PL) La reciente liberación de los afroamericanos Henry Lee McCollum y Leon Brown luego de 30 años en prisión por un delito que no cometieron, reaviva hoy las críticas a fallas frecuentes del sistema de justicia en Estados Unidos.
El martes 2 de septiembre, un juez de Lumberton, Carolina del Norte, anuló las condenas de McCollum, ahora de 50 años, y de Brown, con 46. Cuando fueron arrestados tenían 19 y 16, respectivamente.
Ambos, con discapacidad mental, fueron acusados de violar y asesinar a la niña Sabrina Buie de 11 años en 1983.
Poco después, en 1984, los condenaron a pena de muerte y en 1991 un jurado ratificó la sentencia de McCollum y conmutó la de Brown, su medio hermano, por la de cadena perpetua.
Según algunos medios digitales, McCollum resultó ser el reo que batió el récord de espera en el corredor de la muerte en el sureño estado.
Durante tres décadas él observaba cómo llevaban a otros presos a la cámara de ejecución y esto lo afectaba al punto de tener que aislarlo para evitar que se hiciera daño, dijo Kenneth J. Rose, quien fuera su abogado en los últimos 20 años.
Aunque ninguna evidencia física vinculaba a los dos acusados con el hecho fueron obligados por la policía a declarar bajo coacción.
Tras el veredicto del juez,  Rose escribió en una columna del diario The Washington Post que acababa de «librar a un hombre inocente de la cola de espera de ejecución», al referir que «este caso fue, sobre todo, una tragedia. Ni siquiera 30 años de apelaciones fueron suficientes para desenterrar la verdad».
Estoy furioso -acotó el jurista-, porque vivimos en un mundo donde se puede robar la vida de dos chicos discapacitados, donde los policías pueden mentir e intimidar con impunidad.
«Dos hombres inocentes han pasado tres décadas de su vida siendo, esencialmente, torturados», subrayó Rose.
Nuevos exámenes de ADN probaron que fue otro individuo, un presunto violador y asesino en serie, quien cometió el crimen que se le atribuía a McCollum y Brown.
Errores judiciales han provocado que en las últimas tres décadas 140 condenados a la pena capital fueran puestos en libertad, indican datos de organizaciones de derechos humanos.
Shujaa Graham, quien pasó seis años en el corredor de la muerte por error y fue absuelto en 1981, declaró en 2010 que no había visto «que ningún fiscal haya sido castigado o corregido (por la mala aplicación de la justicia). Ni tan siquiera hablan de ello».
«¿Cómo se puede recompensar a un hombre al que le han quitado tanto? Me deben todavía la oportunidad de criar a mis hijos, me robaron la capacidad de tomar decisiones libres», expresó por su parte Anthony Graves, también afroamericano, de Texas, tras ser exonerado en 2010.
Para Graves se llevaron 18 años de su vida que jamás podrán devolverle, cuando fue acusado falsamente del asesinato de seis personas, incluidos cinco niños, en 1992.
Hace poco la exjueza del Tribunal Supremo, Sandra Day O’Connor señaló que si las estadísticas son una indicación, el sistema bien podría ejecutar a acusados inocentes.
Por lo menos 10 reclusos fueron ejecutados en los últimos años a pesar de las serias dudas sobre su culpabilidad, reveló el Centro de Información sobre la Pena Capital, al enfatizar que debido a la falta de investigación post-mortem, «no hay manera de saber cuántos hombres inocentes podrían estar entre los más de mil 300 ejecutados desde 1976».

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