El informe sobre “Tortura y otros malos tratos en México”, dado a conocer recientemente por Amnistía Internacional, obliga a emprender una Cruzada Nacional contra esta práctica que a menudo se usa para obtener confesiones y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían o no estar implicadas en un delito, lo que se traduce en juicios y condenas dudosas y envía a prisión a muchos inocentes, coincidieron en señalar diputados locales y federales del PRD.
Los diputados locales Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López, Daniel Ordóñez Hernández y Carlos Augusto Morales, urgieron a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a coordinar acciones y abatir la impunidad que rodea los casos de tortura en el país.
Aseguraron que entre la población existe un temor fundado de que cualquier detención pueda desembocar en torturas. Así lo confirmó una encuesta de Amnistía Internacional que mostró que 64 por ciento de los mexicanos consultados declararon tener miedo de sufrir este tipo de práctica en caso de ser detenidos.
Lamentaron que tras darse a conocer el informe del organismo internacional, no hubiera ningún reconocimiento oficial a la verdadera magnitud de este problema, ni compromiso público para luchar contra esta grave violación a los derechos humanos.
Destacaron que, según AI, los informes sobre tortura en el país aumentaron a partir de 2006, cuando se emprendió la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, y que en 2013 hubo 600 por ciento más denuncias por este delito ante la CNDH que en 2003.
Los legisladores perredistas afirmaron que el informe de AI sólo confirmó lo que ya todo mundo sabe en México, es decir que las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas falsas suelen estar estrechamente ligados al uso de la tortura, además de que los exámenes médicos aplicados a las víctimas para investigar estos abusos no cumplen las normas internacionales.
Tacharon de indignantes los relatos que víctimas procedentes de varias partes del país hicieron a Amnistía Internacional en el sentido de que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semiasfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener confesiones o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.
Hicieron hincapié en que una muestra de la impunidad que prevalece en los casos de tortura en México son las 7 mil 164 quejas que entre 2010 y 2013 recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de las cuales ninguna terminó en una condena por ese delito.
Por este motivo, AI concluyó que la CNDH no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe, pues de las 7 mil quejas que recibió sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos.
A lo anterior se suma el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal reveló que entre 2005 y 2013 los tribunales federales atendieron 123 enjuiciamientos por esa práctica y sólo siete culminaron en condenas, mientras que en el fuero estatal, hasta 2013 sólo se habían registrado cinco condenas por tortura.
Observaron que si bien durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto las quejas por tortura disminuyeron en comparación a las presentadas en el último año del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con mil 505 en 2013 y 2 mil 114 en 2012, el número de recomendaciones que confirman ese delito es mayor: 13 en el primer año de Peña Nieto y 11 en el último de Calderón.
“Como si todo lo anterior no fuera suficiente, tenemos que el procedimiento pericial especial de la PGR para investigar los casos de tortura a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul y que, a pesar de estas deficiencias, los fiscales y jueces se basen en investigaciones oficiales defectuosas y se nieguen a aceptar otras pruebas de investigación independientes”, apuntaron.
Finalmente, los diputados perredistas demandaron al presidente Enrique Peña Nieto a que atienda las recomendaciones que le hiciera en febrero pasado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, para que ponga en marcha una serie de acciones que permitan combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones a los derechos humanos en el país.