Asunción (PL) El tema, muy sensible, forma parte del complejo panorama social que vive Paraguay pues tiene ramificaciones de orden social y económico con énfasis en la falta de una política de Estado y en la vulnerabilidad de grandes sectores de la nación guaraní.
Cada cierto tiempo los ojos de gobernantes y gobernados se vuelven hacia la importante herida abierta en el cuerpo de la sociedad paraguaya que no parece destinada a cicatrizar en el plano inmediato.
Las cárceles paraguayas, de acuerdo con las propias investigaciones de organismos internacionales y con las realizadas por las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos, se convirtieron hace tiempo en verdaderos almacenes de hombres y mujeres que, probablemente, perdieron sus últimas esperanzas al cerrarse las rejas tras ellos.
Más allá de las terribles condiciones de su infraestructura y de los métodos carcelarios aplicados, los penales paraguayos son también presos, pero del lentísimo funcionamiento de todo el Poder Judicial a la hora de analizar casos e incidencias y dictaminar fallos definitivos.
Pero comencemos por el principio, por la gran afectación que significa para cualquier sistema penitenciario la sobrepoblación de las instalaciones en relación con su capacidad para albergar a los internos.
Hay que decir inicialmente que, de acuerdo con los censos oficiales, el 60 por ciento de la población carcelaria en todo el país se encuentra bajo prisión preventiva a la espera de juicios, los cuales a veces nunca llegan o se ven obstaculizados por la falta de abogados para atender los casos.
No es poca cosa, pues estamos hablando de un total de cinco mil 500 personas presas por tiempo indefinido, muchas veces sin proceso, casi siempre sin letrados y siempre encarceladas en forma preventiva.
Esa anormalidad redunda en la mencionada sobrepoblación y tenemos que, por ejemplo, en el penal de Tacumbú, el mayor de Paraguay, radicado en Asunción y con capacidad para mil 600 presos, ofreció hasta diciembre del 2013 albergue, si es posible llamarlo así, a cuatro mil 31 internos.
No se trata sólo de hacinamiento en las celdas, algo totalmente violador de las medidas convenientes en una cárcel, sino de que Tacumbú, al igual de otros establecimientos del mismo tipo, tiene un buen número de los aquí llamados «pasilleros», es decir, reclusos viviendo y durmiendo en los pasillos de los distintos pabellones.
Una reciente visita a las cárceles del país hecha por James Cavallaro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitió a ese funcionario realizar un informe con características impresionantes, que pudo ser comentado por los medios de prensa nacionales e internacionales.
Opinó de primera instancia que existe en Paraguay irrespeto a los derechos de las personas privadas de libertad y abundantes denuncias de los propios reclusos por ser víctimas de abusos físicos y de esquemas de corrupción existente en esos lugares.
Los internos tienen que pagar por muchos servicios incluyendo desde la recepción de visitas hasta el uso de sanitarios, resaltó textualmente el visitante tras recorrer varias cárceles en distintos departamentos del país.
Calificó el uso de la prisión preventiva en Paraguay como uno de los más altos de la región, favoreciendo así el hacinamiento, lo cual se agrega a la falta de una inversión para capacitación real de los guardias y educadores, especialmente para tratar a los más jóvenes reclusos.
Otra comprobación desagradable fue el uso de la tortura con fines de investigación criminal existente en Paraguay y otros países, «aunque el ejemplo paradigmático en la región es el de la cárcel estadounidense enclavada en la base naval de Guantànamo», subrayó claramente Cavallaro.
El gobierno paraguayo dio instrucciones a los funcionarios correspondientes para tratar de aliviar el exceso de población en las penitenciarías con la construcción de dos grandes cárceles más, algo que todavía demorará algún tiempo.
Sin embargo, para muchos y especialmente para organizaciones sociales y algunos legisladores que se han pronunciado sobre la situación existente el problema no se resuelve con la multiplicación de almacenes de presos, pues es algo más complejo.
Sólo el integral mejoramiento de las condiciones de vida de la población, las medidas que garanticen educación gratuita y de calidad, la apertura de fuentes de trabajo, la disminución de la derivación de los fondos públicos, muchas veces esfumados, hacia la apertura de fuentes de trabajo y el saneamiento del Poder Judicial permitirán, según analistas y entidades mencionadas, disminuir el delito y dar un vuelco positivo a los centros de reclusión.
Entonces, apuntó una legisladora, podremos evitar no sólo el constante aumento del crimen, la corrupción y el delito, sino el triste hecho de personas que entren a nuestras cárceles por cometer un error y salen de ellas como peligrosos delincuentes.
Paraguay: El drama de las cárceles
