Guatemala (PL) Con la fría matemática de «una muerte más, un líder menos» parecen actuar determinadas fuerzas en Guatemala que aniquilan a líderes sindicales y defensores humanitarios, mientras que tales hechos, por lo general, pasan a las estadísticas de la impunidad.
El crimen de este tipo más reciente fue el asesinato el 10 de septiembre del defensor humanitario Juan Almira, en la comunidad El Naranjo, 91 kilómetros al suroeste de la capital.
El suceso lo condenaron once organizaciones integrantes de la Convergencia por los Derechos Humanos y el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), pero pasó en silencio por la mayoría de los medios informativos guatemaltecos.
Lamentablemente este no es un hecho aislado, pues en el 2013 sumaron 18 los activistas humanitarios que resultaron ultimados, según cifras de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
CASO ALMIRA
La Convergencia por los Derechos Humanos exigió al Ministerio Público la inmediata investigación de la muerte de Almira y los homicidios de los otros sindicados y testigos en el caso, informaron en un comunicado.
Almira, quien dedicó su vida al trabajo en favor de su comunidad, fue presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo desde el 2004 y hasta el 2010, puesto que debió abandonar por las amenazas y hostigamiento en su contra, indica la nota.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Departamental (CED) de la URNG en Escuintla manifestó que «el crimen de Almira se suma al asesinato de otros siete compañeros desde el 2004 en la zona de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde se vive un periodo de represión incesante desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz (en diciembre de 1996)».
El CED de Escuintla y el Comité Ejecutivo Nacional de la URNG, señaló esta organización política, repudian el alevoso abuso cometido por un grupo de sicarios que llegaron a bordo de un vehículo de color negro hasta la sede de la Escuela Rural Mixta Parcelamiento El Naranjo para acabar con la vida de Almira, fundador del mencionado partido en Escuintla.
La URNG, además de condenar el homicidio, exigió al Gobierno de Guatemala una investigación a fondo, ya que Almira gozaba de medidas cautelares ante el temor que corría su vida y la de varios dirigentes en este lugar de la costa guatemalteca.
De acuerdo con el Comité Ejecutivo de la URNG, los asesinatos políticos empezaron a registrarse ocho años después de la firma de los Acuerdos de Paz, con la muerte del líder Florentín Gudiel, quien junto a otros había denunciado la inseguridad en el lugar, donde se aplica mano dura contra los más pobres.
EXIGEN CESE DE CRIMINALIZACIûN
Los coordinadores de la Alianza de Mujeres Rurales y el Comité de Unidad Campesina, Raquel Vásquez y Daniel Pascual, respectivamente, han exigido al Estado guatemalteco el cese de la criminalización de los miembros de organizaciones sociales y comunidades.
«Pedimos al Estado que nos deje mantener nuestra organización social, porque en Guatemala estamos siendo muy recriminados, cuestionados y perseguidos», declaró Vázquez a Prensa Latina.
La lideresa campesina expresó que el Estado no quiere que los pueblos y las organizaciones surjan ni salgan adelante, y por eso líderes de este acuden a la criminalización.
«Nosotros no estamos haciendo nada fuera de la ley. Estamos actuando porque vemos que el gobierno y el Estado solo responden a las empresas transnacionales y no a las necesidades de las comunidades y los pueblos», subrayó.
Sobre este tema Pascual sostuvo que los miembros de la organización que dirige rechazan la persecución penal y judicial, y la criminalización contra la resistencia pacífica.
Abogó por la necesidad de un modelo de Estado acorde con la integración de los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo, al tiempo que instó a lograr verdadera justicia y a redistribuir la tierra de manera equitativa.
Respecto al asesinato de 18 defensores humanitarios durante 2013 en Guatemala, la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, manifestó preocupación el 22 de mayo último.
En conferencia de prensa entonces dijo que durante su visita al país recibió información sobre casos de amenazas, ataques y campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos.
Agregó que había escuchado testimonios de defensores humanitarios que trabajan a favor de la justicia, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y el medio ambiente.
Un día después de las declaraciones de la funcionaria, más de 300 policías lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a pobladores de La Puya, comunidad ubicada a 10 kilómetros al noroeste de la capital, que se opone a un proyecto de extracción minera.
«El contingente mayor a los 300 elementos policíacos se dio a la tarea de golpear a todo aquel que se pusiera en su camino, dejando a más de una decena de heridos por los múltiples golpes, abusos y violaciones a los derechos humanos que se vivieron en La Puya», expresó la Coordinación y Convergencia Nacional Maya.
Un total de 756 participantes en el IV Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, celebrado en agosto pasado en esta urbe, se refirieron a la persecución social con la modalidad de criminalización y judicialización.
Los delegados apuntaron que «más de un centenar de mujeres y hombres están detenidos, otros con órdenes de captura pendientes en su contra y en procesos judiciales para limitar su derecho a la expresión en la lucha que impulsan por la defensa de los territorios y la vida».
«Exclusión, racismo, discriminación, segregación cultural, política y económica del conjunto de la población, no hacen más que agudizarse. Esto significa que no tenemos educación, salud, empleo digno, vivienda, entre otros elementos del bienestar humano (…) mientras que el 88 por de la población gana menos del salario mínimo», reclamaron.
La Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala ha alertado en varias ocasiones sobre la situación de los defensores humanitarios, la cual consideran una de las más graves del mundo, solo superada en el continente por Colombia y Honduras.
«El gobierno de Guatemala sigue sin impulsar medidas serias y sostenibles para la investigación y la protección de los defensores de derechos humanos, así como el impulso de diálogos serios y mecanismos para la consulta previa, libre e informada», demandó esa instancia.
Callar las voces con persecución y muerte podrían parecer métodos de tiempos pasados, pero lamentablemente en la Guatemala actual aún se aplican estas fórmulas represivas. Lo peor es que no se vislumbra cuándo van a dejar de ejecutarse.