El debate por el clima de violencia en Guerrero llevó cuatro horas y media al pleno del Senado, una sesión donde se lanzaron y repartieron culpas entre partidos y niveles de gobierno por los hechos registrados en Iguala.
El perredista Alejandro Encinas Rodríguez fue el más autocrítico en el debate parlamentario, al reconocer que “no sólo hay una responsabilidad de la autoridad federal y local, también hay de los partidos políticos en la selección de candidatos y financiamiento de sus campañas”.
“Debemos asumir autocríticamente los errores que hemos cometido cuando teniendo la idea de obtener votos, recursos y triunfos fáciles, abramos la puerta a la delincuencia”, declaró el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Recordó que el Congreso de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR) conocieron hace un año la denuncia del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros militantes perredistas.
Sin embargo nunca se atendió la solicitud para desaforar al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ni se investigó a nivel federal pese a claros señalamientos de sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Según Encinas Rodríguez la Procuraduría General de la República declinó atraer el caso y argumentó que era un asunto local.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), aseveró que en muchos estados los gobernadores están totalmente ausentes, y acusó que alcaldes de entidades como Veracruz, Michoacán y Tamaulipas pueden tener antecendentes similares al de Iguala.
Armando Ríos Piter, también del PRD, dijo que los hechos contra los normalistas de Ayotzinapa “se suman a las más negras horas de la vida nacional”, por la violencia del crimen organizado contra jóvenes estudiantes, y por la erosión y la colusión de la propia autoridad municipal, abundó.
Durante el debate de cuatro horas y media, en el que participaron 30 oradores de todos los partidos, fueron múltiples las acusaciones entre senadores panistas y priistas.
El tema central fue el asesinato de seis personas en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre y la madrugada del sábado 27; así como la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa.
La panista Luisa María Calderón Hinojosa expuso que no puede alegarse sorpresa porque, según dijo, “el Centro de Investigación y Seguridad Nacional sabía, sabía hoy que el alcalde Iguala era una gente que había sido financiada por la delincuencia organizada”.
La priista Graciela Ortiz González hizo un recuento del estado en que la actual administración federal recibió el país y expuso que en dos años no puede resolverse “el desastre” que se construyó en 12 años.
Mariana Gómez del Campo, del PAN, criticó la actuación de la actual administración federal en materia de seguridad pública.
René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero, también habló a nombre del PRI contra ese crimen y rechazó “cualquier intención perversa que pretenda politizar y lucrar con el dolor de las familias afectadas. Ningún partido político tiene derecho a buscar beneficios electorales, éste es un asunto judicial y en ese ámbito exclusivamente debe atenderse”.
“No aspiremos a repartir culpas, porque los mexicanos aspiran a que nosotros, los que tenemos una responsabilidad, la asumamos en ocasiones con mucho esfuerzo, en ocasiones hasta con humildad y con discreción, pero que los resultados vayan dando muestras y mensajes positivos para bien del país”, externó Ismael Hernández Deras.