La Cámara de Diputados recibió la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios, la cual fue turnada a la Comisión de Infraestructura para su análisis.
El propósito de la iniciativa es facilitar la contratación y ejecución de las obras públicas, agilizar los procedimientos y garantizar que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En un comunicado, la Cámara de Diputados informó que la minuta está en manos de la Comisión de Infraestructura que la analizará para su aprobación y posterior discusión en el pleno, la cual plantea reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
La propuesta del Ejecutivo contiene modificaciones que prevén nuevos y mejores mecanismos para la evaluación de los proyectos y la ejecución de obra pública, así como adecuaciones a las reglas relativas a los procedimientos de contratación, ejecución de los contratos y sustentación de los procedimientos de inconformidad, sanción a contratistas y de conciliación.
Se incorpora la figura “Análisis comparativo del costo de ciclo de vida”, la cual permitirá a dependencias y entidades realizar una evaluación entre distintas proposiciones, para seleccionar aquella que represente el menor costo a valor presente, durante el tiempo de ejecución y operación de la obra, al considerar su vida útil y mantenimiento.
Otro concepto es el “Proyecto de magnitud o alcance relevante”, que permitirá a las dependencias y entidades clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada, ya sea por su complejidad técnica, su impacto o por representar un monto total de inversión superior a cinco mil millones de pesos.
La “Gerencia de proyectos”, es para la planeación, organización y control de los mismos en todas sus fases, y asegurar que satisfagan los objetivos y requerimientos de los contratistas, al permitir con ello una mejor coordinación en el desarrollo de la obra.
Se promueve el uso de CompraNet como la principal herramienta para llevar a cabo los procedimientos de contratación competidos, al establecer que éstos se lleven a cabo necesariamente mediante este sistema electrónico.
Salvo, abundó, los casos debidamente justificados en que por cualquier causa no sea posible su utilización, como puede ser en aquellos lugares en donde existan problemas de conectividad o ausencia de infraestructura.
Además, para evitar confusiones e interpretaciones erróneas, se propone concentrar en un solo artículo todas las excepciones respecto a la aplicación de la ley, ya que en la actualidad se encuentran dispersas en varios preceptos, al lograr con ello facilitar su comprensión y aplicación.
Aseguró que habrá reglas mínimas para el procedimiento de adjudicación directa, cuya omisión actualmente genera incertidumbre y da lugar a conflictos que reducen la eficacia de ese procedimiento de contratación.
Con la finalidad de impulsar la formalidad en el sector y asegurar las condiciones laborales de los trabajadores involucrados en la ejecución de obra pública, se establece que los entes públicos que licitarán notifiquen al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando detecten irregularidades de contratistas en sus obligaciones en materia de seguridad social.
La iniciativa argumentó que la infraestructura que el país requiere, exige fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula la obra pública y los servicios que se relacionan con las mismas, con nuevos mecanismos para la gestión y evaluación de los proyectos.
Asimismo, proposiciones, que ofrezcan alternativas adicionales para la toma de decisiones de los servidores públicos que realizan procedimientos de contratación.