Durante el cuarto día de actividades del Foro “Cuidado y defensa del territorio frente a políticas depredadoras” que se desarrolla en la Universidad Iberoamericana Puebla, se efectuaron los paneles “Hidroeléctricas Puebla” y “La transparencia en la disputa del Territorio” en donde se abordaron temas como las afectaciones que generan los llamados megaproyectos, así como los problemas de transparencia que enfrentan las poblaciones y organizaciones cuando solicitan información sobre dichos trabajos.
El panel “Hidroeléctricas Puebla” contó con la participación de representantes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino y Popular (MIOCUP), de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y del Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) y se enfocó en la problemática que enfrentan comunidades de la Sierra Norte de Puebla como Apulco, San Antonio y Cuamono ante la instalación de estos magnos proyectos.
En esta mesa los representantes de MIOCUP, CNPA y FICAM coincidieron en que el estado de Puebla y 14 estados más de la República Mexicana, presentan severos problemas ambientales y de extracción de recursos naturales generados por los proyectos hidroeléctricos y mineros de empresas nacionales y trasnacionales. En la región de Cuetzalan estos megaproyectos están afectando a cientos de familias que dependen de la riqueza de los recursos naturales de la zona.
Asimismo, enfatizaron la importancia de la movilización social en torno a este tipo de industrias que el Gobierno Federal ha denominado como “megaproyectos”; el proceso social organizado es indispensable para exigir e impulsar la cancelación de los mismos, pues el Estado y las empresas hacen mal uso de los recursos naturales de las comunidades.
En este mismo sentido, en el panel sobre transparencia la Mtra. Lilia Vélez Iglesias, coordinadora de la Licenciatura en Comunicación, y Francisco Cravioto Lagos del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR hablaron sobre lo difícil que es obtener información por parte de las autoridades y la falta de claridad que existe en temas que tienen que ver con el interés público.
Ahí Francisco Cravioto, señaló que todos los bienes que existen en el subsuelo pertenecen a la nación y el Estado es sólo el administrador de ellos, y enfatizó que desgraciadamente la gestión de los recursos ha sido autoritaria y unilateral, acciones que dejan a la ciudadanía en total indefensión. “Un ejemplo de este problema es que en México el 13. 25% del territorio esta concesionado a empresas mineras, es decir, existen alrededor de 25,500 concesiones actualmente”, afirmó.
De igual forma, Cravioto Lagos destacó que en México los trámites para abrir una mina son tan sencillos que con tan solo presentar el acta de nacimiento, el registro de la empresa y una superficie de terreno se puede adquirir una concesión por 50 años, en cambio cuando solicitar información o un mapa al Servicio Geológico Mexicano tiene un costo de 17 millones de pesos, cuando esa información debería ser pública.
El investigador de FUNDAR, también mencionó que en materia de transparencia existen candados absurdos como las cláusulas de confidencialidad las cuales no permiten que la ciudadanía conozca los volúmenes de explotación y por ende si las empresas mineras están pagando lo justo por lo que extraen del subsuelo que nos pertenece a los mexicanos. “El ejemplo más claro de este asunto es que existe un fideicomiso minero, pero a la fecha no existe un padrón de beneficiarios”, apuntó.
Francisco Cravioto señaló que los empresarios mexicanos que se han beneficiado lucrando con las minas son: Alberto Balleres, Germán Larrea, Carlos Slim y próximamente Ricardo Salinas Pliego, dueños de las empresas Peñoles, Grupo México y Grupo Carso, respectivamente. Mientras que el 70% de las transnacionales provienen de Canadá, de hecho Goldcorp posee dos de las minas más grandes del mundo.
Por su parte, Lilia Vélez Iglesias centró su exposición sobre la falta de transparencia que permea en todas las oficinas del Gobierno del Estado, en donde a través de argucias legales han generado que las respuestas a las solicitudes de información se prolonguen hasta por tres meses sin que pueda haber una respuesta definitiva y destacó que tal ha sido el caso de las mineras, las hidroeléctricas, las obras del estado, la privatización del Soapap, entre muchas otras acciones que tienen que ver con la concesión del patrimonio de los mexicanos.