Con el panel “Proceso legal de apropiación del territorio: un tema urbano vigente”, la presentación de conclusiones y el pronunciamiento de la Cátedra Latinoamericana de Análisis de la Realidad Política y Social Ignacio Ellacuría SJ., de la Universidad Iberoamericana Puebla, concluyó el Foro “Cuidado y Defensa del Territorio frente a las Políticas Depredadoras”, y en donde se discutió, a lo largo de esta semana, los problemas sociales y de represión que actualmente se viven en el país y en el estado.
La mesa de análisis final contó con la participación de Antonio Azuela del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México; Gerardo Vargas, consultor urbano en Puebla; Víctor Ramírez, catedrático de LILP NY y Rodolfo Ruíz, director del Portal E-Consulta y moderada por Juan Luis Hernández Avendaño. En ésta se abordó el tema de las expropiaciones como decretos de utilidad pública, los conflictos sociales y políticos que se han generado a partir de ellas y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la noción de utilidad pública.
Por su parte, Azuela comentó cómo la idea de la expropiación por parte del Estado ha pasado de una noción post-revolucionaria de utilidad pública y propiedad social y de la nación, a una idea de utilidad pública que es volátil en función de los indicadores macroeconómicos.
Por su parte Gerardo Vargas y Rodolfo Ruiz señalaron cómo el caso de la Ley de Expropiación aprobada este año por la legislatura local elimina la posibilidad de del derecho de audiencia de los particulares con respecto de la expropiación de los predios, y cómo tiene que ser abordado desde una perspectiva federal, generando amparos como en el caso de la familia del empresario Emilio Maurer.
En lo que respecta a las conclusiones, Juan Luis Hernández Avendaño señaló que durante esta semana de actividades del Foro se desarrollaron 34 cuatro mesas de trabajo en donde se reunieron más de 2 mil participantes y en el que se abordaron temas de trascendencia nacional y local como: el Proyecto Integral del Gasoducto Morelos, los daños de contaminación ambiental que sufren Tierra Blanca, Ixhuatlán del Sureste y Córdoba por políticas gubernamentales, la privatización del agua en Puebla, los casos de los 41 presos sociales y las más de 15 órdenes de aprehensión libradas en contra de pobladores de diversas comunidades, el retiro del registro civil de las juntas auxiliares, el conflicto de los mototaxistas, el sistema de transporte RUTA, el cierre de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Xacatepec, el Parque de las Siete Culturas en Cholula y el Parque Ecológico de Puebla, así como la introducción de proyectos encadenados en la sierra norte de Puebla, a partir de represas, hidroeléctricas y minas que desvían los causes de los ríos, desplazan comunidades y hacen grandes afectaciones de terreno y al medio ambiente.
Ante todas estas violaciones flagrantes a los Derechos Humanos, la Cátedra Ignacio Ellacuría S.J. se pronunció a favor de que cese la represión de los movimientos sociales, la liberación de los presos sociales y la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los pobladores de las comunidades afectadas por estos proyectos, la revisión de cada uno de los conflictos sociales y comunitarios por parte del gobierno del Estado de Puebla sin condicionar la liberación de los presos o la cancelación de las órdenes de aprehensión a la imposición de los proyectos turísticos o de inversión privada.
Así como también por la designación por parte del gobierno del Estado de Puebla de funcionarios de alto nivel con calidad moral probada y capacidad de resolución de conflictos, la cancelación de los proyectos que afectan a las comunidades indígenas, campesinas y en colonias populares, la revisión de las legislaciones nacionales y estatales, y la aceptación de amparos de facto, legítimos y públicos, la derogación de las leyes que regulan las manifestaciones (Ley Bala), las reformas a la Ley Orgánica Municipal en lo que se refiere a las juntas auxiliares y sus atribuciones, la publicación transparente de los proyectos hidroeléctricos y mineros en la sierra norte y nororiental de Puebla, la cancelación del Proyecto Integral Morelos por estar asentado en zonas de alto riesgo volcánico y por la afectación a las comunidades indígenas y campesinas, la cancelación del proyecto del Parque de las Siete Culturas y del Parque Ecológico, así como el cese del hostigamiento a los ciudadanos que han expresado su rechazo a estas obras y que se optimice el Sistema de Transporte RUTA y la revisión de concesiones en las comunidades y colonias populares.
Finalmente, Hernández Avendaño señaló que la cancelación del proyecto del tren México.-Querétaro es una señal clara de que la Presidencia de la República está reconociendo que en este país no puede exacerbarse el conflicto social. “Hago un llamado a que los actores políticos en Puebla tomen en cuenta que este país puede todavía escalar a más el conflicto social y el tipo de leyes que promueven justamente lo que hacen es exacerbar este problema, lo único que queda ante esto es el criterio y la sensibilidad política”, concluyó.