Con el objetivo de contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de violaciones a los derechos humanos y hechos probablemente constitutivos de delitos, así como establecer medidas de Reparación Integral a favor de las víctimas directas e indirectas de los 43 normalistas oficialmente desaparecidos, la senadora Mónica Arriola impulsa una iniciativa ley por la que se crea la “Comisión para el Establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones Cometidos en el Estado de Guerrero”.
La iniciativa de ley que presentará ante el Pleno del Senado de la República en la sesión de mañana martes 11 de noviembre, contiene 30 artículos y dos transitorios, en cinco Capítulos y se establece que estará conformada por cinco comisionados designados por este órgano legislativo.
La senadora Mónica Arriola, fundamenta la creación de la Comisión de la Verdad bajo el sustento jurídico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual el Estado Mexicano ha ratificado la mayoría de instrumentos y que tienen que ver con el interés y voluntad en asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la población.
La legisladora, también Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, establece que de acuerdo a dicha instancia internacional, el derecho a la verdad surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables.
Asimismo, establece conforme a esta instancia y los informes presentados ante la Organización de Estados Americanos, “que toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de que esos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro”.
Con base en lo anterior, la senadora Mónica Arriola establece en la Iniciativa Ley por la que se crea la “Comisión para el Establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones Cometidos en el Estado de Guerrero” que se integre, instale y entre en funciones en un periodo de veinticuatro meses calendario.
Señala que sus comisionados serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.
Además, la Comisión de la Verdad deberá trabajar con el apoyo permanente de las organizaciones de víctimas y soportarse en los trabajos que han desarrollado organizaciones sociales, de derechos humanos y académicas.
Que tendrá una total independía política, financiera y administrativa operacional, y será un instrumento para esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, para deducir de sus hallazgos las responsabilidades y las medidas para compensar a las víctimas y garantizar la no repetición.
La comisión debe generar condiciones para el reconocimiento de las circunstancias que rodearon los sistemáticos hechos de violencia que desencadenaron las crisis en el Estado de Guerrero.
Destaca sobremanera que la Comisión de la Verdad analizará las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos y alianzas que, desde la sociedad y las instituciones, contribuyeron a la trágica situación de violencia institucional y social ocurridos desde delprimero de abril de 2011, hasta los hechos acaecidos sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Entre sus facultades estará identificar y hacer públicas las estructuras, lugares de operación y las circunstancias relacionadas con la práctica de violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional y sus eventuales ramificaciones en los diversos aparatos estatales y de la sociedad.
Promoverá, con base en los informes obtenidos, la reparación integral y colectiva de las comunidades y regiones, y en general a las víctimas de las distintas violaciones en el marco de la violencia vivida en el Estado de Guerrero.
También contribuirá desde su actividad con los órganos encargados de la procuración y administración de la justicia, al esclarecimiento de los delitos y de las graves violaciones de los derechos humanos, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas y colaborando con la información acopiada y de contexto al esclarecimiento de las presuntas responsabilidades.
De la misma manera recomendará reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención y no repetición.
Finalmente, elaborará un informe que contenga todos los resultados de las investigaciones realizadas sobre lo acontecido en el periodo objeto de las pesquisas, abarcando todos los factores, tanto externos como internos.