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México lindo y querido, reza con toda razón la famosa ranchera, pero Ayotzinapa resulta un punto de la geografía de la nación azteca que se ha convertido en el reverso de la moneda, el lado oscuro y sangriento que hoy estremece al país.
Los sucesos de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural Normal de Ayotzinapa, municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, han removido el terreno político al presidente Enrique Peña Nieto e impuesto en su agenda temas de ineludible enfrentamiento.
Durante la noche del 26 al 27 de septiembre pasado la policía de Iguala reprimió con saña a grupos de normalistas de Ayotzinapa, incluido el ametrallamiento de autobuses en los que viajaban cuando intentaban protestar contra un acto en el Ayuntamiento que presidían el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa.
En esos sucesos los uniformados incluso dispararon contra un ómnibus que transportaba a un equipo de fútbol, con saldo final de seis muertos, una veintena de heridos y 43 normalistas en paradero desconocido, aunque ya se sabe que fueron asesinados, incinerados y sus restos arrojados en bolsas a un río.
Según informó el Procurador General, Jesús Murillo, el alcalde Abarca dio la orden de detener y reprimir a los estudiantes, quienes luego fueron entregados a la policía del contiguo municipio de Cocula.
Allí fueron puestos en manos de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los ultimaron a balazos en un páramo contiguo al basurero de Cocula, donde, luego de apilarlos, les prendieron fuego que alimentaron con llantas, plásticos, madera, Diesel y gasolina, desde la noche del 26 de septiembre hasta la tarde del día posterior.
Por órdenes de uno de los capos de Guerreros Unidos, los restos calcinados fueron triturados y recopilados en bolsas, que luego arrojaron a las aguas del rio San Juan, según confesiones de varios de los victimarios detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
El 6 de octubre pasado, el presidente Peña Nieto dio la orden de la intervención federal sobre los sucesos de Iguala, en la que participaron más de 10 mil efectivos de la PGR, el Ejército, la Armada, Gendarmería Nacional y otros entes nacionales y de Guerrero, cuyo gobernador, Miguel Aguirre, presentó su renuncia semanas después.
Se trató de la mayor y más compleja operación policial en la historia de México, aseguró el Procurador, para quien el caso sigue abierto; y los jóvenes, oficialmente desaparecidos, hasta tanto se pruebe, con evidencias, su muerte.
Ello ha sido imposible por el grado de deterioro de los restos recolectados en el sitio de la ejecución e incineración, y en las bolsas rescatadas del rio San Juan. Murillo explicó que se encontraron piezas dentales, pero tan degradadas por el fuego que apenas tocarlas se convierten en polvo.
Será imposible en México extraer el ADN a los restos recolectados, por lo que se hacen gestiones con el laboratorio de una universidad austríaca que dispone de la tecnología más avanzada para tales efectos.
El caso sigue abierto, subrayó el titular de la PGR, que ha detenido a 74 personas, entre policías, miembros de Guerreros Unidos e incluso Abarca y su esposa, quienes estuvieron prófugos hasta su captura hace unos días en una colonia de esta capital.
FOSAS CLANDESTINAS Y OTROS DESAPARECIDOS
La búsqueda de los de Ayotzinapa condujeron al descubrimiento de una decena de fosas clandestinas entre Iguala y Cocula, con restos de unas 38 personas, en los que trabajan peritos nacionales y forenses argentinos.
Cuatro de esos restos ya fueron identificados, entre ellos padre e hijo del estado de México, cuya última llamada a sus familiares ocurrió en agosto cuando reportaron haber sido detenidos por la policía de Iguala. También hay restos de mujeres en esas fosas, apuntó Murillo.
El funcionario aseguró que esos restos no son de los 43 normalistas, por lo que se impone la pregunta acerca de quiénes son estas otras víctimas y quienes fueron sus victimarios. De acuerdo con las investigaciones, la responsabilidad vuelve a vincular a la policía de Iguala con el crimen organizado.
El caso Iguala ha provocado un despertar, sobre todo en sectores estudiantiles y docentes, pero también en organizaciones sociales, campesinas, religiosas y defensoras de los derechos humanos, en un momento en el que para el gobierno su prioridad principal es implementar las reformas estructurales adoptadas en los dos últimos años.
Iguala pone de relieve los temas de violencia, inseguridad, corrupción y la penetración de niveles de Gobierno por el crimen organizado, como lo evidencian los nexos que se presume mantenía el exalcalde Abarca con Guerreros Unidos, dedicados al tráfico de amapola y marihuana.
Las críticas llueven dentro y fuera del país, que se prepara para acoger los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe (del 14 al 30 de este mes) y la XXIV Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno (los días 8 y 9 de diciembre próximo), que tendrán como sede a la ciudad de Veracruz en el Caribe mexicano.
El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido con llegar hasta el fondo de la verdad sobre los hechos violentos en Iguala, pero también anunció una convocatoria a las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas para un compromiso de Estado sobre los temas que hoy lesionan la vida nacional.
Al propio tiempo, en los partidos políticos tradicionales se mueven fuerzas para certificar la limpieza de los candidatos a las próximas elecciones de medio tiempo en el 2015, cuando se renovará la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades y 993 alcaldías en 16 estados, entre otros cargos.
Pero el tiempo puede no dar para el creciente grado de insatisfacción ciudadana, como alertó en estos días la reconocida periodista Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre y dirigente del Partido Revolucionario Institucional, en el gobierno.
Entre tanto, el Presidente mexicano viajó a China y Australia, una gira que recortó por los acontecimientos nacionales y en la que participará en el Foro Económico de Cooperación Asía-Pacífico (APEC) y en la Cumbre del G-20.
Durante una escala técnica en Anchorage, Alaska, el jefe de Estado tuvo que hacer una declaración al país, de condena a hechos ocurridos en el Zócalo de esta capital, donde grupos violentos quemaron una puerta del Palacio Nacional.
Los suceso de Ayotzinapa no se pueden combatir con violencia, alertó Peña Nieto, a cuyo Gobierno diversos sectores nacionales reclaman acciones urgentes y sostenibles para lavar la cara al país y, más que todo, para enfrentar la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y a favor del respeto a los derechos humanos.