(Agencias) El equipo interdisciplinario que coadyuvará con el Gobierno federal en la investigación del caso Iguala, estará conformado por 10 expertos, reveló ayer Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la de la Montaña Tlachinollan.
En entrevista telefónica, el asesor jurídico de los padres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos indicó que este grupo, cuyos integrantes no han sido dados a conocer, brindará asesoría técnica durante los próximos seis meses, con posibilidad de ampliar dicho plazo.
Indicó que hoy se oficializará la suscripción del Convenio de Asistencia Técnica que brindará la CIDH, en cumplimiento con las medidas cautelares decretadas por el órgano el 3 de octubre, y también del compromiso asumido por el Presidente Enrique Peña Nieto el 29 de octubre.
«Los padres de familia solicitaron al Gobierno que aceptara la asistencia técnica de la CIDH para tres cosas fundamentales: uno, que un grupo de expertos pueda venir (a México) y coadyuvar con la PGR en abrir nuevas líneas de búsqueda.
«El segundo es que ese mismo grupo abra líneas de investigación que tengan que ver con vínculos de servidores públicos, con la delincuencia organizada, y un tercero es que este grupo coadyuve en el uso y empleo de tecnologías avanzadas para la búsqueda de los estudiantes», explicó.
El grupo de expertos, que emitirá un reporte y recomendaciones, además hará un análisis técnico del plan de atención a las víctimas y abordará las deficiencias estructurales en el País para evitar que hechos como el de Iguala se repitan.
Por separado, el normalista de Ayotzinapa, José Solano, consideró que los trabajos del grupo de expertos de la CIDH son necesarios y urgentes no sólo para llegar al fondo de la investigación, sino también para evitar que se dé carpetazo al caso.
«Es importante la asistencia técnica porque aquí, para las autoridades, ya se acabaron las líneas de investigación, ya mataron tres veces a los compañeros, (…) nomás falta que (Enrique) Peña Nieto diga que ya están muertos los compañeros.
«Por eso tiene que ser otra gente, experta en la materia y que realmente esté preocupada por el respeto a los derechos humanos, con la verdad y la justicia, la que haga las investigaciones, para que los hechos no queden en la impunidad».