Naciones Unidas (PL) El gobierno de Estados Unidos compareció a mediados de noviembre ante el Comité de la ONU contra la Tortura en Ginebra, donde fue cuestionado por decenas de denuncias de abusos y maltratos a prisioneros, migrantes y minorías étnicas.
La delegación de casi 30 funcionarios norteamericanos respondió durante dos jornadas a preguntas en el órgano de 10 expertos, encargado de velar por el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1984.
Varios grupos estadounidenses e internacionales defensores de las libertades civiles remitieron al Comité sus preocupaciones por hechos que a su juicio violan o violaron los derechos humanos.
En el Palacio de las Naciones de la ciudad suiza, activistas protagonizaron protestas silenciosas contra algunas de esas irregularidades durante la presentación de Washington, la primera que realiza desde la llegada a la Casa Blanca, hace casi seis años, de Barack Obama, pues la anterior fue en 2006.
La brutalidad policial y su componente racista estuvieron en el centro de las críticas, a partir de los asesinatos de jóvenes negros como Dominique Franklin, ocurrido en mayo pasado en Chicago, y Michael Brown, en Ferguson, Missouri, tres meses después.
Además de recientes denuncias y reportes, la actual administración enfrentó en el panel de especialistas críticas heredadas de su predecesora, encabezada por George W. Bush (2001-2009), quien a raíz de los atentados del 9/11 ordenó una cruzada antiterrorista marcada por ilegalidades que continúan en la palestra.
Forman parte de esa herencia, vuelos y cárceles secretas de la CIA, vejámenes a prisioneros en Abu Ghraib, Iraq; polémicas técnicas de interrogatorio a detenidos, y torturas y alimentación forzada a sospechosos de terrorismo encerrados sin cargos ni juicios a la vista en un centro ubicado en la Base Naval de Guantánamo.
Al respecto, la consejera jurídica estadounidense Mary McLeod reconoció en Ginebra que en la respuesta por los ataques del 11 de septiembre de 2001 se dejaron de cumplir valores reflejados en la Convención, a la cual pertenecen 156 países que deben someterse periódicamente ante el Comité.
«Como el presidente Obama ha dicho, cruzamos la línea y asumimos nuestra responsabilidad», señaló McLeod, quien acotó que «no deben existir dudas sobre el rechazo de Estados Unidos a la tortura y los tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes, los cuales prohíbe en todo momento y lugar».
Medios de prensa del mundo se hicieron eco del cambio de postura, pues bajo la gestión de Bush nunca se admitieron las violaciones, y de los cuestionamientos de los expertos en torno a si la vigente administración actúa en consecuencia con la orden ejecutiva dada en 2009 por Obama de prohibir las torturas.
PREGUNTAS Y MÁS PREGUNTAS
Uno de los investigadores del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el italiano Alessio Bruni, cuestionó «la dramática situación» de casi 70 mil niños migrantes detenidos, procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
Asimismo, exigió respuestas por la brutalidad policial, las actividades de la CIA en sus cárceles secretas y los abusos y condiciones de vida en la prisión de la base naval de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado por Estados Unidos.
A propósito del tema de Guantánamo, otros integrantes del Comité preguntaron por qué seguían encerrados allí un centenar y medio de seres humanos, sin presentarles cargos o llevarlos a juicio, y sin acceso a los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.
Por su parte, el relator danés Jens Modvig y la jurista nepalesa Sapana Pradhan-Malla demandaron explicaciones sobre los abusos sexuales y los maltratos en centros de detención, entre ellos los destinados a menores y migrantes.
También salieron a relucir en la jornada el encierro de niños en prisiones de adultos, la criminalización de desamparados, la ejecución de reos con sufrimiento extremo, la violencia sexual en el ejército, el empleo del confinamiento solitario en cárceles y los abusos contra los migrantes bajo custodia, cuestiones denunciadas por activistas y defensores de los derechos humanos.
Además, se mencionó que unos 40 mil adultos y casi mil 400 jóvenes se han quejado por sufrir abusos sexuales en centros penitenciarios de la Unión.
Funcionarios norteamericanos respondieron a las denuncias y cuestionamientos, alegando en la mayoría de los casos que no eran fenómenos sistematizados.
Según el brigadier general Richard Gross, la alimentación forzada de prisioneros en Guantánamo «se aplicó como último recurso para atender asuntos médicos», entre ellos la desnutrición de personas en huelga por las condiciones infrahumanas en las que viven.
Gross justificó el encierro indefinido en la polémica cárcel con leyes norteamericanas que permiten esa práctica mientras el país norteño esté en guerra.
En el caso de las preguntas de por qué no han sido procesados funcionarios responsables de torturas, McLeod advirtió que «lo harán cuando sea apropiado».
EL CASO DE MICHAEL BROWN
Antes de las sesiones oficiales del 12 y 13 de noviembre, los padres de Michael Brown, Lesley y Michael Sr, comparecieron ante el Comité para exponer los hechos de agosto pasado en Ferguson como un ejemplo del uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias estadounidenses de seguridad y alertaron sobre el ingrediente racial en esas prácticas.
De acuerdo con el abogado de la familia, Daryl Parks, los progenitores del joven, quien estaba desarmado cuando un agente blanco le disparó, reclamaron a Washington la implementación de un «plan nacional para la justicia racial».
El experto Modvig pidió explicaciones sobre las medidas adoptadas por el Gobierno norteamericano para prevenir tales casos, y criticó el despliegue militar para reprimir las protestas generadas por el asesinato.
Más allá de las conclusiones y recomendaciones que anunciará el Comité por la situación del apego en Estados Unidos a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la revisión coloca en la palestra muchas preguntas, viejas y recientes, sobre el respeto a los derechos humanos en la nación norteña.