La Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, afirmó que con el respeto y la defensa plena de los derechos humanos se consolidará la transformación de México que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto.
El país entrará en una etapa de desarrollo y avanzará en el goce de las garantías individuales, añadió durante la firma del Convenio de Concertación de Acciones para Difundir e Impulsar la Aplicación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, aseveró.
En la ciudad de Guanajuato, a donde acudió con la representación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró relevante la participación de las instituciones de educación superior en el proceso de transformación del país, porque a través de ellas se debe aprovechar el conocimiento que generan.
Durante el convenio que firmó la Segob con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo que se cumple la instrucción presidencial de hacer de los derechos humanos un eje rector de este gobierno.
En el acto en el Auditorio de la Universidad de Guanajuato, la funcionaria federal subrayó la importancia de fomentar que los ciudadanos exijan sus derechos, porque solo así se fortalecerán las instituciones públicas, se informó en un comunicado.
Limón García aseguró que la firma de ese convenio permitirá fortalecer lo establecido en la Constitución Política, como es el hacer de los derechos humanos uno de los principios de actuación de las autoridades.
Añadió que “los momentos difíciles que atraviesa la nación nos exigen redoblar esfuerzos para lograr la vigencia plena del Estado de derecho, los hechos en Ayotzinapa nos han marcado como sociedad, pero también nos han dado el punto de partida para replantear estrategias y salir adelante”.
A su vez, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que con este convenio se impulsa y consolida la capacitación y la educación sobre los derechos humanos, necesarios para la implementación plena de la reforma constitucional en la materia.
Precisó que la aplicación de esta reforma requiere de la participación y del compromiso de autoridades y de la sociedad, además la educación juega un papel importante, porque es el medio para transformar y mejorar a la sociedad.
“Un Estado en el que impere la justicia requiere de reformas legales o estructurales, además de un cambio cultural con base en el respeto, la protección y el reconocimiento de la dignidad humana”, enfatizó el ombudsman.
En su oportunidad, el secretario general ejecutivo interino de la ANUIES, José Aguirre Vázquez, afirmó que la firma del documento es la suma de voluntades que permitirá avanzar como sociedad, al construir canales sólidos de cooperación que favorezcan la puesta en marcha de la reforma en materia de derechos humanos.
Aseguró que el convenio contribuirá a construir una cultura a favor del respeto de los derechos humanos en México, pues favorecerá la profesionalización de los servidores públicos en la materia y fortalecerá el diseño de políticas públicas al incorporar a expertos de las instituciones de educación superior y la CNDH en su discusión.
Como testigo de honor, firmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, quien dijo que México tiene que transformarse para ser una nación con sentido profundo de respeto a la dignidad de las personas.
“Una nación en la que los derechos humanos se protejan, respeten y promuevan en una acción concertada y permanente de la sociedad y de los órganos del Estado y de gobierno”, aseveró.
El propósito fundamental es impulsar dicha reforma en la materia, y para lograrlo las universidades de todo el país están obligadas a realizar acciones que incidan en el proceso de implementación de la reforma, a través de la docencia, la investigación, la difusión y la vinculación con la sociedad en favor de la construcción de una cultura más sólida en derechos humanos.
Asistieron al acto el rector de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto; el director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, y el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguíniz.