Del Mexican moment al decálogo: 2 años sin rumbo.

La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve.

Martin Luther King (1929-1968) Religioso estadounidense.

Se han cumplido 730 de los 2,190 días que estará Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República. A dos años de distancia se han presentado innumerables eventos que han marcado hondamente tanto en lo político, económico y social al país. Desde ese poco más de 38% que recibió de votos por parte de los votantes que asistieron a las urnas, hoy existe un amplio sector social que prácticamente reprueba la gestión del mandatario mexicano y que, comparativamente, le ha dado la vuelta respecto al porcentaje de votos que obtuvo en las urnas.

Diversas encuestas han anunciado la caída de la popularidad y aceptación del Presidente: Reforma anunció que apenas un 39% aprueba la gestión mientras que un 58% la reprueba. Hace 8 meses, en abril, su porcentaje de aprobación era del 48%. Por su parte, El Universal-Buendía & Laredo le dieron un 41% de aprobación frente a un 50% que desaprueba. Aunado a lo anterior, casi un 50% de la población consideró que el país está peor desde que Peña Nieto ocupa la Presidencia, frente a un 30% que opinó que está mejor y un 22% que dijo que todo estaba igual. Estos resultados tan bajos no se daban desde la presidencia de Ernesto Zedillo, desde hace casi 20 años.

Evaluación de los primeros 2 años de gestión de Enrique Peña Nieto.

Fuentes: www.reforma.com y www.eluniversal.com.mx

Estos resultados no son fortuitos sino que se deben al errático manejo de la política interna, la economía y principalmente de la seguridad y justicia. Vayamos, pues, por partes. En su segundo día de gobierno, el Presidente anunció la conformación de un Pacto por México que incluía al mismo gobierno y las tres fuerzas políticas más representativas en el país para sacar adelante un conjunto de reformas que tenían que ver con lo fiscal, político, electoral, educativo, telecomunicaciones y energético, entre otros. Desde un principio, los partidos más representados en el Congreso determinaron y decidieron qué rumbo y perfil darle a tales reformas, discriminando no solo al resto de los demás partidos (que si no todos la mayoría son satélites del PRI o PRD) sino también a sectores sociales representativos, como el empresarial, académico y las asociaciones civiles, entre otros.

De ahí empezó a surgir el primer desgaste político, al reformar la normatividad educativa y romper con un anquilosado sistema de compra-ventas de plazas docentes e instaurar en su lugar un servicio profesional docente. Asimismo, el perjudicial proyecto de reforma fiscal daría un duro golpe a las economías locales, principalmente fronterizas, al homologar el IVA del 11% al 16% para todo el país sin establecer algún programa emergente de protección real. Lo único fue un fondo que apenas y atendía un diminuto sector.

La expectativa económica fue otro de los yerros en esta administración. Luego de la aprobación de la cuestionada reforma fiscal, se anunció que el crecimiento de la economía iría en franco ascenso: 4.7% en 2015, 4.9% en 2016, 5.2% en 2017 y 5.3% en 2018. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ha tenido que corregir sus expectativas a un nulo crecimiento de 2% a 2.6% para este 2014 y para el siguiente año será de 3.2% y 4.2%. Por su parte, el Banco de México estimó el crecimiento entre un 3% y 4% para 2015; mientras que la OCDE ubicó una contracción económica que iría del 4.1% al 3.9%.

Expectativas de crecimiento económico para México.

Fuente: Elaboración propia con datos de Revista Proceso No. 1987 del 30 de noviembre de 2014.

Lo anterior en gran parte se ha debido a la reducción del gasto público que hizo el gobierno al inicio del sexenio y, en consecuencia, a la contracción de la inversión en infraestructura y vivienda. Asimismo, las nuevas reglas fiscales obligaron a un mayor pago de impuestos (recuérdese los nuevos impuestos a alimentos de animales, servicios turísticos, así como el incremento de los combustibles) que conllevó a una reducción del gasto familiar. Con ello, la economía entró en una fase de estancamiento, viéndose reflejado en el pobre crecimiento interno.

Otro de los problemas que tendrá que enfrentar el gobierno federal será la cartera vencida de los estados y municipios que, sin dudar, pedirán el auxilio a la federación para sanear sus finanzas y completar sus pagos y obligaciones. Entidades como Coahuila, el Distrito Federal, Quintana Roo y el Estado de México, comienzan a tener altas deudas o rezagos importantes en sus obligaciones, lo que seguramente en un corto plazo empezaremos a ver a más de un gobernador desesperado por la ayuda federal.

Pero sin duda que lo sucedido en Ayotzinapa –y en igual medida- en Tlatlaya, ha marcado la incompetencia gubernamental ante el rostro más impune de la delincuencia organizada. La colaboración de las fuerzas policiales en la desaparición de los 43 normalistas hace evidente que la autoridad no solo ha sido infectada sino rebasada en muchos de sus ámbitos y competencias. Desde el pasado 26 de septiembre a la fecha, han sido los dos meses más desgastantes para el gobierno federal que trata de encabezar un Presidente que hoy atraviesa uno de los peores niveles de aceptación social.

Aunado a lo anterior, el escándalo detectado por el affaire casa blanca ha demostrado el conflicto de intereses que involucra al Presidente y a su esposa con constructoras privadas. Lo peor de todo es que esto no es de ahora sino que desde que era gobernador el abanico de obras públicas estaba a la disposición del Grupo Higa. También se ha hecho evidente la colaboración de una empresa de televisión que sin duda se ha visto ampliamente beneficiada en el ámbito de las telecomunicaciones. Solo este escándalo sería suficiente para que un presidente deje su cargo en cualquier país democrático, pero no en México.

Finalmente, entre lo que encierran estos dos primeros años de gobierno, el Presidente intentó dar una maniobra de 180 grados a su gestión anunciando un decálogo para la seguridad y el estado de derecho, anunciando medidas como un número único de emergencias, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, la clave única de identidad, la conformación de 32 corporaciones de policías estatales únicas en sustitución de las 1,800 que hay a nivel municipal, aproximadamente y la disolución de gobiernos municipales cuando se detecte la infiltración del crimen organizado en las autoridades de ese nivel gubernamental, entre otros.

Me quedan serias dudas sobre esto último. Municipios han respondido en contra debido a una violación a su autonomía por la desaparición de sus fuerzas policíacas. Es cierto que existe infiltración, falta de capacitación y corrupción en las policías municipales, pero lo hay también –y no dudo que en un grado mayor- en las policías estatales y federal. Desaparecer, por otro lado, un gobierno bajo la sola sospecha de que esté infectada por el crimen organizado puede ser bien un arma de dos filos, sobre todo si se tratase de un gobierno de distinta fuerza política al gobierno actual.

Pero, un Presidente al que se le sorprende en conflicto de intereses, que no reporta realmente las propiedades que tiene, que por nexos con empresas privadas se vio en la necesidad de pagar 18 millones de dólares a los chinos por concepto de indemnización y, que no pone especial prioridad a los problemas sociales del país, no puede ni tiene la calidad moral para hablar de un México democrático. Lo que el país necesita no son más leyes, sino que las que hoy existen se cumplan. No veo rumbo claro y lo peor es que quedan 4 años más.

El tintero.

La Secretaría de Economía dio a conocer cuánto gastaron los mexicanos que se vieron envueltos en la propaganda del Buen Fin. A pesar que no se está en las condiciones de erogar mucho efectivo, la gente salió de compras y más de 197 mil millones se desembolsaron en este pasado noviembre. El año anterior la cifra fue de poco más de 173 mil millones y en 2012 de 150 mil millones. Habrá que revisar cuánto de ese dinero fue a crédito. Ello nos habla que los mexicanos ahorramos muy poco.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución, que tienen que ver con el derecho de la movilidad universal y con la regulación de las manifestaciones. Esta medida se da en una coyuntura delicada, cuando decenas de miles de ciudadanos se han manifestado en las calles para reclamar justicia. La pregunta obligada es: ¿endurecerán los gobiernos locales sus leyes para reprimir las manifestaciones, en detrimento a sus derechos humanos? Al tiempo.