Ciudad de México.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se reunió con la Comisión Especial para Revisar el Proceso de Licitación, Emisión del Fallo y su Cancelación, para la Construcción del Tren México – Querétaro, con el objetivo de resolver las dudas que en recientes fechas han manifestado diversos legisladores federales respecto al caso.
Los integrantes del órgano legislativo cuestionaron al funcionario en torno a los métodos empleados para garantizar transparencia y legalidad en dicho proceso, además de los criterios para dar el fallo positivo al consorcio China Railway Construction Company y los que la SCT tomó en cuenta para que no se signara el contrato final.
Diputados del PRI, PAN, PVEM, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza hicieron planteamientos al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, sobre el tráfico de influencias y la información privilegiada que presuntamente manejó el Grupo Higa en la licitación de la construcción del tren México-Querétaro.
Previo a los cuestionamientos, en su intervención inicial, Ruiz Esparza afirmó que dada la trascendencia y dimensión de este proyecto era indispensable contar con el apoyo firme del Congreso de la Unión y de la sociedad, así como el de los actores institucionales y la autorización para “actuar con legalidad, transparencia y honestidad” como lo ha hecho la SCT “invariablemente”.
Por ello, subrayó que era imperativo promover condiciones para que el Tren México – Querétaro se desarrollara con aceptación popular y estuviese libre de obstáculos, a fin de capitalizar sus beneficios sociales y económicos.
“Ello podía lograrse mediante una nueva licitación que disipara los cuestionamientos manifestados, los cuales habían permeado a la opinión pública, que diera certeza y seguridad al desarrollo del proyecto y que salvaguardara la relación con la República Popular de China”, enfatizó.
El secretario federal indicó que el fallo del 3 de noviembre para la concesión a China Railway Construction Corporation, se dio a partir de la evaluación de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), organismo público descentralizado del gobierno español con el cual se colaboró para avalar las propuestas y quien dictaminó positivamente la de la empresa oriental.
Empero, dijo, días antes de esto se generó “un ambiente poco favorable hacia el proceso de licitación”.
Refirió que los participantes se pronunciaron en torno al tiempo para la presentación de proposiciones. Se difundió la versión de que uno solo no garantizaba las mejores condiciones, y que la oferta económica presentaba un sobreprecio si se le comparaba con el registro del proyecto ante la SHCP.
Esto último se dio “sin tomar en cuenta que, por el tiempo transcurrido desde la elaboración del análisis de costos y beneficios, el costo estimado en el registro debió actualizarse por el efecto de la inflación y el tipo de cambio, en los términos previstos por la normatividad”, aclaró.
De igual forma, continuó, se hicieron señalamientos sobre la participación en el consorcio de empresarios mexicanos vinculados a ex servidores públicos y administradores del gobierno.
Estas críticas se reflejaron en los medios de comunicación y llegaron también a las Cámaras del Congreso, abundó. De este punto, comentó que el pasado 6 de noviembre, durante un encuentro con la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado para tratar el tema, se presentaron varios cuestionamientos en cuanto a la legalidad y transparencia de la licitación.
“Concluido este encuentro, reflexionamos sobre el riesgo de continuar el proyecto bajo condiciones de duda, con la posibilidad de acciones políticas para obstaculizar su ejecución y la limitación o cancelación de los recursos necesarios para esto”, afirmó.
También, agregó, se tomó en cuenta el riesgo para los servidores involucrados en las decisiones tomadas en un escenario que llevaría a cuestionar su honorabilidad y la existencia de una percepción contraria al proyecto en la opinión pública.
Derivado de lo anterior, Ruiz Esparza destacó haber solicitado al Presidente de la República autorización para reponer el proceso y otorgar un plazo más amplio para presentar ofertas, lo que permitiría disipar los cuestionamientos y crear “un ambiente más positivo para este proyecto tan relevante”.
Fuera Grupo Higa en segunda licitación de tren México-Querétaro
Diputados del PRI, PAN, PVEM, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza hicieron planteamientos al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, sobre el tráfico de influencias y la información privilegiada que presuntamente manejó el Grupo Higa en la licitación de la construcción del tren México-Querétaro.
Asimismo, respecto de las medidas preventivas para garantizar la transparencia y legalidad en estos proyectos, durante la segunda ronda de preguntas de los diputados integrantes de la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro, al funcionario federal.
Destacó que los proyectos deben estar apegados a derecho, por lo cual se necesita transparentarlos y darlos a conocer a la ciudadanía, porque “todas las acciones de los gobernantes se convierten en debilidades o fortalezas, según se manejen”.
“Al existir lagunas en las leyes, (los funcionarios) pueden aprovecharse de manera indebida y para beneficio personal, lo cual debe ser perseguido y proscrito en el país, ya que los mexicanos buscan condiciones de libertad, igualdad y transparencia que aseguren de forma equitativa las oportunidades de desarrollo para todos”, aseveró.
Ruiz Esparza, explicó que la empresa china presentó un proyecto acabado y con calificación alta, porque desde el primer momento, más de un año antes en que funcionarios mexicanos fueron a China, empezaron a analizar su propuesta con toda seriedad para cumplir con los tiempos.
Otras empresas solicitaron ampliaciones y la SCT definió que “quien debía determinar los tiempos es el gobierno de la República y no los proveedores del servicio, ya que ellos estaban viendo sus intereses nada más”.
Sostuvo que “no cabe duda de que la empresa -Higa- esta imposibilitada desde el punto de vista de opinión y cuestionamiento públicos, así como por debate político. “No me queda duda de que no va a volver a participar, así lo han manifestado públicamente; también las otras dos empresas no quieren hacerlo”.
Sobre el tráfico de influencias, dijo que “es un tema sensible y difícil de argumentar y no fácil de convencer. Lo más sensato es que la empresa china y su gobierno no estén en este tema”.
Indicó que son los proveedores del servicio, y no el gobierno, quienes saben perfectamente bien cómo está el mercado y las condiciones de oferta. “No encuentro de qué manera se pudo haber apoyado o darle una preferencia a un participante, es muy difícil”.
Sobre la no reclamación de gastos de la empresa china, lo atribuyo a dos razones: la primera porque quieren participar en la siguiente fase. Esos gastos no recuperables son por conceptos de viáticos, honorarios y pasaje. “Realmente, de acuerdo a la norma vigente, no estamos hablando de una cantidad que pueda ser significativa”.
La segunda, porque el gobierno de China ha expresado que su principal prioridad es que no se afecte la relación amistosa con el gobierno mexicano. “No creo que el monto de los gastos recuperables sean algo que valga la pena para que, a través de esto, se pudiera ver algún conflicto entre los dos gobiernos o alguna reclamación.
Con respecto al efecto internacional, Ruiz Esparza aseguró que México se considera como un gran centro de inversión. “El interés se sigue manifestando aun y cuando fue una noticia mundial la cancelación de este tren. Es algo que no afectó absolutamente el interés por seguir invirtiendo en México”.
El funcionario expresó que la ley protege los intereses del patrimonio mexicano y refirió que Higa sólo ha contado con dos contratos con el gobierno federal. “No hay empresas consentidas”, indicó.
Sobre las relaciones personales del secretario con esa empresa, explicó que es estrictamente laboral, y las obras asignadas a ese grupo han sido a través de licitaciones, como el marco jurídico lo establece. Explicó que como titular de la SCT desconoce los contratos que Higa tenga con otras dependencias.
Refirió que es importante fortalecer la credibilidad en el mercado mexicano, y que la propia sociedad cobije ese tipo de proyectos. Pese a ello, dijo, el tema del tren México-Querétaro fue muy particular que, además, se dio en un momento de coincidencias, y se tomó la mejor determinación para que el proyecto pueda avanzar después en mejores condiciones.
Fuente: InsurgentePress