Debido a que la operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) evidencia graves indicios de opacidad, el diputado federal perredista José Luis Muñoz Soria dijo que solicitará la realización de auditorías forenses a los entes con mayor cantidad de irregularidades en los diversos estados del país.
Señaló que este Fondo se ha caracterizado a lo largo de su existencia por la práctica de actos indebidos durante todas las etapas del gasto, pero en los últimos años se han destacado por ello quienes los ejercen en Tabasco, Veracruz y Jalisco.
Mediante un comunicado, Muñoz Soria anunció que se dará seguimiento especial a la Cuenta Pública de 2014, pues además de las opacidades, irregularidades y actos indebidos detectados en el FAEB, también se han descubierto en otros fondos, subsidios, programas y proyectos, respecto a los cuales se han promovido diversas acciones a las que la ASF aún da seguimiento.
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados precisó que entre las irregularidades detectadas están el incumplimiento de obligaciones fiscales, gastos no financiables por el Fondo, recursos no transferidos a los ejecutores del gasto, gastos indebidos, pago a trabajadores comisionados al sindicato u otras dependencias, y calidad insuficiente de la información entregada, entre otros.
Recordó que el FAEB se integra en el Gasto Federalizado, es decir, en los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y otras disposiciones.
A su vez, el Gasto Federalizado se canaliza por dos vertientes: Gasto no Programable y Gasto Programable. Al primero lo componen las llamadas Participaciones Federales que se inscriben en el Ramo 28.
Al segundo lo componen tres rubros (Prevenciones y Aportaciones Federales, Convenios y Otros). A su vez, al primero lo integran recursos de los Ramos 33, 25 y 12; al segundo los convenios de Descentralización y Reasignación, y al tercero rubros como el de Subsidios.
En el Ramo 33 se inscribe el FAEB con otros ocho fondos, en el 12 está el Seguro Popular y en 25 las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.
Durante 2013, el Gasto Federalizado ascendió a un billón 474 mil 137 millones de pesos, cantidad mayor en 7.4 por ciento al ejercido en 2012.
De estos recursos, al Gasto No Programable se destinaron 532 mil 455 millones de pesos, mientras al Gasto Programable le asignaron 941 mil 681 millones de pesos.
En el marco de este último, a las Aportaciones Federales (Ramo 33) se le asignaron 527 mil 157 millones de pesos y de ellos específicamente al FAEB le correspondieron 278 mil 503 millones de pesos, esto es, el equivalente al 54 por ciento del Ramo 33.
Muñoz Soria también destacó que la ASF programó 920 auditorías para la Cuenta Pública de 2013, que es 33.5 por ciento más respecto a la Cuenta 2012, pero la gran mayoría (908) fueron Financieras y De Cumplimiento, 12 de inversiones físicas y ninguna forense, a diferencia de 2012, cuando se practicaron seis de éstas.
Las Auditorías Forenses, de acuerdo con la ASF, “consisten en la revisión y el análisis pormenorizado y crítico de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización, para la detección o investigación de un presunto ilícito. El propósito es documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes para promover las acciones legales procedentes”.
Otros autores la definen como la auditoría enfocada a la prevención y detección del fraude financiero, por lo cual generalmente los resultados son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos, es decir, aquellos perpetrados por corrupción financiera, pública o privada.
Aunque no se practicó ninguna auditoría forense para 2013, el cúmulo de irregularidades se aprecia al considerar que la ASF emitió tres mil 708 recomendaciones, 38 avisos de posible evasión fiscal, 259 solicitudes de aclaraciones, mil 114 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, mil 411 pliegos de observaciones, cuatro multas y 43 denuncias de hechos ante el Ministerio Público.
Fuente: insurgentepress