El drama de las víctimas colombianas

Bogotá, 30 dic (PL) En total 6,8 millones de colombianos resultaron víctimas del conflicto armado según la más reciente actualización de ese registro, una realidad dolorosa ocasionada por más de medio siglo de violencia.
De acuerdo con un informe sobre el tema, el 86 por ciento de las personas clasifican como desplazadas y el 14 por ciento restante como blanco de amenazas, homicidios, desaparición forzada, violencia sexual, despojo, lesiones y tortura, además del reclutamiento de niños y niñas.
Tal balance, sintetizado en pocas líneas, tiene como trasfondo el sufrimiento indescriptible de miles de familias.
Son cifras absolutamente escabrosas, derivadas de la confrontación, afirmó Paula Gaviria, directora de la Unidad de atención y reparación a las víctimas del período bélico, en declaraciones al diario El Tiempo.
Al referirse a las acciones dirigidas a esos grupos, la funcionaria aseguró que unos cuatro millones 600 mil individuos perjudicados por la guerra reciben algún tipo de asistencia, fundamentalmente desplazados, tanto de forma obligada como voluntaria, al escapar de los escenarios violentos.
En su mayoría se trata de ciudadanos que se han presentado ante instituciones del Estado para declarar su condición, luego de emigrar hacia las ciudades.
Con instrumentos de atención humanitaria -dijo- son auxiliados una vez ocurrida la emergencia, a fin de garantizarles el derecho a la salud, alojamiento y alimentación así como a la educación, paralelamente reciben asesoría para la generación de ingresos propios.
En una segunda etapa luego de su reubicación en hogares, obtienen la llamada indemnización administrativa, nuestra prioridad es pasar del asistencialismo a la inclusión social, expresó.
Adicionalmente la experta precisó que el propósito principal del organismo que dirige es reintegrarlos plenamente a la sociedad.
El conflicto interno, único en el continente, provocó la muerte a unos 230 mil colombianos, pérdidas con las que quedaron desamparados menores de edad, ancianos y otros familiares de escasos recursos.
Representantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), dialogan en Cuba desde 2012 para terminar la guerra mediante una salida negociada.
A la mesa de encuentro asistieron también cinco delegaciones de víctimas para exponer sus propuestas, las cuales convergen en dos demandas: reparación y garantías de no repetición.
Transcurridos dos años de las negociaciones, el proceso de distensión parece avanzar con la declaración de un cese el fuego por tiempo indefinido, decretado por las FARC-EP desde el pasado 20 de diciembre, cumplido hasta ahora según verificaciones realizadas por el Frente Amplio para la Paz.
No obstante la negativa del ejecutivo a secundar esa iniciativa, los lugareños esperan vivir cuanto antes en un país sin la barbarie guerrerista.
Las esperanzas están cifradas en 2015, cuando los ciclos de conversaciones entre las partes beligerantes tratarán puntos cruciales y definitorios como la justicia transicional, fin del conflicto, desarme y reintegración a la sociedad de los guerrilleros.
Tanto el presidente Juan Manuel Santos como los jefes del movimiento insurgente coinciden en que el venidero año será decisivo para alcanzar esa meta, justo anhelo de las familias enlutadas por los combates, de los migrantes en su propia tierra, de los jóvenes que sufren las consecuencias de una guerra adquirida casi por herencia y de millones de colombianos que no se resignan a convivir con la violencia.