(Agencias) La defensa de la infanta Cristina de Borbón presentó el viernes un recurso de apelación contra el auto judicial que la sienta en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales, informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Los abogados de la hermana del rey Felipe VI han recurrido el auto de apertura ante la Audiencia Provincial de Baleares, para intentar evitar que Cristina se convierta en el primer miembro de la familia real española en ser juzgado.
Ahora, el juez de Instrucción José Castro es el que deberá admitir o no a trámite el recurso, según el TSJ, y comunicará el recurso a las partes el próximo lunes.
El juez de Palma de Mallorca consideró el pasado 22 de octubre en su auto de apertura de juicio oral que la infanta debe responder como «cooperadora necesaria» en dos delitos contra la Hacienda Pública en el caso de corrupción Nóos.
Castro abrió juicio oral contra 17 personas, entre ellas el marido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin, y puso fin a cuatro años de investigación que han minado notablemente la imagen de la Casa Real.
Tras conocer la decisión del juez, la defensa de la infanta ya anunció su intención de apelar, pese a que los autos de procesamiento no son recurribles.
Los abogados de la infanta consideran que no se trata de un auto de apertura de juicio oral «simple», sino que decide sobre una cuestión jurídica de fondo conocida como «doctrina Botín», una jurisprudencia por la que se han evitado juicios por delito fiscal cuando la imputación sólo estuviera apoyada por la acusación popular, como sucede en este caso.
El sindicato Manos Limpias, como acusación popular, fue el que solicitó la imputación de la infanta, para quien pide ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron el sobreseimiento.
La investigación del caso ha estado marcada por las diferencias de criterio entre el juez instructor y el fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, que ha insistido en que no existen indicios de la participación de la infanta en ningún delito.
Urdangarin y su exsocio Diego Torres tendrán que responder por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el marido de la infanta presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
El juez considera que Cristina de Borbón y Grecia, de 49 años, deberá responder si dispuso y gastó dinero público destinado a Aizoon, una sociedad «pantalla» que poseía al 50 por ciento con su marido, que supuestamente se habría aprovechado de su posición como yerno del rey Juan Carlos I para enriquecerse.
Castro sostuvo en su auto que la hermana del rey era cooperadora necesaria en los delitos de Urdangarin, y que sin su consentimiento y su actuación no se habrían cometido.
El magistrado fijó una fianza de 2,69 millones de euros para Cristina y casi 15 millones de euros para su esposo, dando a los acusados 20 días para que presenten sus escritos de defensa, tras lo cual el caso se remitirá a la Audiencia Provincial de Palma para que celebre juicio, previsiblemente en el segundo semestre de 2015.