Gladys Lanza Ochoa, pionera en la defensa de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres hondureñas, enfrenta una nueva campaña de hostigamiento y agresión en su contra, ya que ahora está acusada de difamación y calumnia.
Ante el proceso legal que enfrenta la directora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, organizaciones hondureñas e internacionales –como la Red Nacional de Defensoras de DH en Honduras y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de DH– señalan que la situación en la que se encuentra la defensora “representa la cotidiana realidad” que enfrentan quienes abogan por el respeto y protección de las miles de mujeres, que sufren diferentes formas de violencia.
Desde Honduras, Gladys Lanza –quien se ha enfocado en la defensa de los DH de las mujeres desde los años 80– relató a Cimacnoticias el origen de la nueva amenaza legal que enfrenta.
La líder del movimiento conocido como “Las Chonas” relató que en 2011, Lesbia Pacheco, jefa de Recursos Humanos de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda (Fundevi), se acercó a la organización en busca de respaldo, pues luego de años de acoso sexual y laboral por parte del gerente de la empresa, Juan Carlos Reyes, había sido despedida.
“Las Chonas” retomaron el caso y se enfocaron en la defensa de la joven, acudieron a las instancias correspondientes para interponer las demandas laborales, realizaron marchas y comunicados, y lograron que el Juzgado de Trabajo Hondureño ordenara el reintegro laboral de Lesbia.
Sin embargo, posteriormente una corte de apelación dictó una sentencia que no favoreció a la joven.
Durante la defensa que realizó el movimiento –contó Lanza– hubo un plantón frente a la empresa, donde se denunció públicamente a Juan Carlos Reyes.
Fue entonces que en 2011 “el señor interpuso una querella en mi contra como líder de la organización y desde esa fecha hemos estado en discusión”. El gerente de Fundevi y esposo de la actual diputada liberal y ex ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, acusa a Gladys Lanza de “difamación y calumnia”.
Abundó que Reyes reactivó el expediente recientemente, pues estaban por cumplirse los cinco años que la justicia hondureña da de vigencia a una causa.
“La defensa que hicimos del caso no es un asunto solamente mío, es la razón de ser de la organización, a eso nos dedicamos, somos una organización de defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y al final él está utilizando sus influencias políticas para perjudicar nuestra labor”, dijo Lanza.
También señaló que durante los años que prosiguieron a la querella, tanto ella como la organización recibieron llamadas y mensajes de intimidación.
“Muchas veces nos propuso que cambiáramos nuestras declaraciones y que modificáramos nuestra versión de los hechos, que nos retractáramos de ellos, pero le dijimos que no negociaríamos porque es una cuestión de principios y no íbamos a dejar a la compañera sola”.
HOSTIGAMIENTO JUDICIAL
El pasado 13 de enero se celebró una audiencia ante el Juzgado Primero de Sentencia del Distrito Central, donde ambas partes presentaron pruebas. La audiencia final está prevista para el próximo 27 de enero, en la que Lesbia Pacheco tendrá que rendir su declaración.
La parte acusadora pide dos años de prisión para Gladys Lanza. En caso de ser hallada culpable, la defensora podría ser condenada a arresto domiciliario debido a que sobrepasa los 60 años de edad.
Quien encabezara el movimiento sindicalista en Honduras durante los años 80 señaló que la demanda legal en su contra no es un hecho aislado, ya que también vino acompañada de acoso y hostigamiento por parte del Estado.
Abundó que en diciembre pasado la parte acusadora pidió al juzgado que emitiera una orden de captura contra Gladys, y aunque la jueza del caso la negó, sí emitió “medidas constitutivas”, lo que se traduce en que la defensora debe presentarse cada semana ante la Corte Suprema de Justicia, para demostrar que se encuentra en el país y que no se rehúsa a presentarse al juicio.
A lo que se suma que durante todo diciembre pasado, policías acudieron a su casa y oficina a buscarla para hostigarla a raíz del juicio en su contra.
Finalmente apeló a que durante el juicio se “considere que lo que hemos hecho (como organización) es en función de la defensa de los DH de las mujeres, no lo hemos inventado porque queremos dañar la figura de este hombre, sino porque en verdad existe el acoso sexual”.
UNA VIDA DE LUCHA
Esta no es la primera vez que la defensora es hostigada, pues su trabajo le representó una vida llena de represalias contra ella y su familia.
En 1965, siendo una adolescente, Gladys Lanza Ochoa inició su lucha en Honduras contra la ocupación militar, sumando después la defensa de los derechos de las mujeres para lograr una vida sin violencia y la participación política de las hondureñas.
Durante los años 80 una bomba de alto poder destruyó su casa. La vida de la feminista ha estado marcada por persecuciones, amenazas de muerte y encarcelamientos, pero esto no ha diezmado su convicción por una Honduras libre.
Lanza ha ocupado varios cargos en diversas organizaciones: en los años 80 fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En 1984 el movimiento fue reprimido y después de ser violentada junto con otras mujeres por los cuerpos de seguridad, fue encarcelada en el pueblo de Támara, en el departamento (estado) de Francisco Morazán, acusada de “alta traición a la patria”.
No obstante, la presión del movimiento de trabajadores y de organizaciones nacionales e internacionales logró su libertad.
En 1985 realizó una gira de denuncia sobre los efectos que provocaba la presencia militar estadounidense en el país centroamericano, y acusó las agresiones contra niñas, niños y mujeres, a quienes además se les transmitieron infecciones como “la flor de Vietnam” y el VIH/Sida.
Para esa época, Lanza Ochoa apareció junto a 11 líderes sociales en carteles pegados en las paredes de Tegucigalpa –la capital del país–, en los que se les calificaba de “comunistas”. Su nombre circuló en las listas para perseguir a disidentes políticos del escuadrón paramilitar 3-16.
En julio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado hondureño proteger a la defensora; sin embargo, los incidentes no cesaron pese a la adopción de las medidas cautelares.