París, 26 ene (PL) Un polémico proyecto impulsado por el gobierno francés para intentar reactivar la economía, entra hoy a debate parlamentario, en medio del rechazo de sindicatos de trabajadores y otros sectores de la población.
Entre los aspectos más controvertidos de la iniciativa, figura la ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales al año en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos.
Los salarios durante esos días no serán regulados por el gobierno, sino sometidos a negociaciones directas en cada una de las empresas concernidas.
De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent, esta medida deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos y, de hecho, pone fin a la jornada semanal de 35 horas, una conquista laboral histórica.
La denominada Ley sobre la Actividad y el Crecimiento, genera escepticismo incluso en el seno del gubernamental Partido Socialista (PS).
La senadora por el PS Marie-Noelle Lienemann, opina que la también llamada Ley Macron, por el apellido del ministro de Economía (Emmanuel Macron), significa una nueva etapa de liberalismo y exhortó a sus copartidarios a votar contra ella.
El texto también prevé la introducción de la competencia del capital privado en sectores sensibles hasta ahora en manos del Estado, como el transporte de pasajeros.
La norma permitiría la creación de empresas de autobuses para conectar a varias ciudades por carretera y los aeropuertos de Lyon y Niza podrían pasar total o parcialmente a manos de inversionistas particulares.
Esta medida también abarca a varias profesiones reglamentadas por el gobierno, entre ellas los notarios y los administradores judiciales.
La Confederación General del Trabajo afirma que el proyecto significa más libertad para la patronal y menos derechos para los trabajadores.
Argumentan que no generará empleo ni aportará respuesta alguna al aumento de la desocupación, a la disminución del poder adquisitivo o al crecimiento de las desigualdades, sino que agravará la crisis.
A debate parlamentario en Francia polémico proyecto gubernamental
