Por Masiel Fernández Bolaños*
París (PL) Batir récord muchas veces se asocia a buenas prácticas. Sin embargo, las reiteradas rupturas de marcas en sentido negativo, activan las alarmas sobre todo en materia económica.
El mercado laboral francés es un «buen ejemplo» en ese sentido pues por estos días sus persistentes dificultades cobran mayor protagonismo.
La cantidad de solicitantes de empleo, sin ningún tipo de actividad, alcanzó en diciembre de 2014 los 3,496 millones, según un reciente informe del Ministerio de Trabajo.
La cifra representa un alza de 0,2 por ciento en la comparación intermensual y de 5,7 en la interanual, precisó.
Aproximadamente el 43 por ciento del total de desempleados, se encuentra en esa situación desde hace más de un año, señaló.
Si se cuenta la cantidad de individuos que tienen una actividad reducida y estaban también en busca de trabajo, la cifra se eleva hasta los 5,21 millones de personas.
Acorde con datos gubernamentales, desde el inicio del mandato del presidente Francois Hollande, a mediados de 2012, el número de parados aumentó en 602 mil, por lo que no ha podido cumplir su promesa de invertir la curva ascendente del paro.
Una de las últimas medidas del Ejecutivo con el fin de intentar cambiar la situación actual, es el llamado Pacto de Responsabilidad que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Dicho programa consiste en otorgar al sector privado exoneraciones de cargas fiscales por un valor de 30 mil millones de euros de aquí al 2017, a cambio de generar nuevas fuentes de trabajo e invertir más en el país.
Por su parte, los principales sindicatos de la nación calificaron el Pacto de Responsabilidad como un regalo a los patronos, que se niegan a comprometerse con la creación de un número fijo de puestos.
DE LAS PRIMERAS PROMESAS
«Mido el peso de los problemas que debemos enfrentar: una deuda masiva, un crecimiento débil, un desempleo elevado, una competitividad degradada, una Europa que sufre para salir de la crisis», expresó Hollande cuando asumió la presidencia en mayo de 2012.
En aquel entonces, la tasa de paro aumentaba desde hacía 13 meses consecutivos y afectaba a dos millones 922 mil personas en edad laboral.
Precisamente uno de los temas que explotó durante la campaña electoral fue el enfrentamiento a las dificultades laborales y la reactivación de la economía nacional.
Pese a encontrarse en la segunda mitad de su mandato, no ha logrado cumplir su promesa de «invertir la curva (ascendente) del desempleo» lo antes posible, un tema que, según la mayoría de los sondeos, es uno de los principales motivos de preocupación para los habitantes de la nación gala.
El ministro francés de Trabajo, François Rebsamen, expresó que será necesario esperar hasta mediados de este año para comenzar a reducir el elevado índice de desempleo registrado en el país.
Aún no se ha ensayado todo, dijo el funcionario, y agregó que los programas puestos en práctica hasta el momento necesitan tiempo y darán frutos en 2015.
El primer ministro Manuel Valls reconoció que cuando hay millones de personas sin puestos laborales durante años, se debe constatar desafortunadamente el fracaso en ese frente.
IMPACTO POLÍTICO Y ECONûMICO
Expertos llaman la atención sobre las consecuencias del fracaso de estas iniciativas, al opinar que tienen un fuerte costo político observado desde los resultados de los comicios municipales de marzo de 2014.
En esas elecciones el gubernamental Partido Socialista perdió el control de más de 150 ciudades y pasó al segundo lugar, por detrás de la conservadora Unión por un Movimiento Popular.
La derrota provocó la renuncia del primer ministro Jean-Marc Ayrault y de su gabinete y el nombramiento como nuevo jefe de gobierno de Manuel Valls, quien adoptó en seguida el mencionado Pacto de Responsabilidad.
La situación pudiera presentarse especialmente compleja en 2015, un año en el que se efectuarán elecciones departamentales y regionales.
En este contexto, el gobierno insiste en impulsar un polémico proyecto para intentar reactivar la economía, el cual es analizado en el Parlamento, pese al rechazo de sindicatos de trabajadores y otros sectores de la población.
Entre los aspectos más controvertidos de la iniciativa, denominada Ley sobre la Actividad y el Crecimiento, figura la ampliación de cinco a 12 el número de domingos laborales al año en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos.
Los salarios durante esos días no serán regulados por el Gobierno, sino sometidos a negociaciones directas en cada una de las empresas concernidas.
De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent, esta medida deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos y, de hecho, pone fin a la jornada semanal de 35 horas, una conquista laboral histórica.
La denominada Ley sobre la Actividad y el Crecimiento genera escepticismo incluso en el seno del gubernamental Partido Socialista (PS).
La senadora por el PS Marie-Noelle Lienemann opina que la también llamada Ley Macron, por el apellido del ministro de Economía (Emmanuel Macron), significa una nueva etapa de liberalismo y exhortó a sus copartidarios a votar contra ella.
El texto igualmente prevé la introducción de la competencia del capital privado en sectores sensibles hasta ahora en manos del Estado, como el transporte de pasajeros.
La norma permitiría la creación de empresas de autobuses para conectar a varias ciudades por carretera, y los aeropuertos de Lyon y Niza podrían pasar total o parcialmente a manos de inversionistas particulares.
Esta medida también abarca a varias profesiones reglamentadas por el Gobierno, entre ellas los notarios y los administradores judiciales.
La Confederación General del Trabajo afirma que el proyecto significa más libertad para la patronal y menos derechos para los trabajadores.
Argumenta que no generará empleo ni aportará respuesta alguna al aumento de la desocupación, a la disminución del poder adquisitivo o al crecimiento de las desigualdades, sino que agravará la crisis.
Analistas vinculan la situación del mercado laboral al estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB) como consecuencia de las medidas de austeridad aplicadas en la Eurozona para contener el incremento del déficit y la deuda pública.
De acuerdo con el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas, el problema no radica en rebajar el costo de la mano de obra a las empresas, sino en estimular la producción y el consumo e incrementar el PIB.
Para abrir un número suficiente de empleos, capaz de hacer retroceder el índice de paro, el PIB debe crecer de manera sostenida en al menos 1,5 por ciento, algo todavía muy lejano en el país, señalaron los especialistas del Observatorio.
La Comisión Europea y otros organismos internacionales coinciden en que el nivel de cesantía en la nación gala seguirá con su curva ascendente y superará el 11 por ciento en 2015.
* Corresponsal de Prensa Latina en Francia.