Buenos Aires, 9 feb (PL) La polémica política en torno a una marcha en Argentina por la muerte del fiscal Alberto Nisman sigue hoy creciendo porque los convocantes están implicados en controversiales causas, según resaltan hoy varios medios.
Los fiscales que formalizaron el viernes la convocatoria a la movilización el próximo día 18 en memoria de Nisman cuentan en su haber denuncias en su contra por su actuación en la causa del atentado en 1994 a la asociación judía AMIA, además de otras irregularidades.
Así lo destaca el diario Tiempo Argentino, el cual agrega que, además, defendieron la ley de Obediencia Debida y el Punto Final por la cual se trató de exonerar a los represores de la dictadura militar de 1976 a 1986 y frenaron la causa por lavado de dinero al Grupo Clarín.
La convocatoria al llamado «18F» fue encabezado por los fiscales Guillermo Marijuan, José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Germán Moldes, Carlos Rívolo, Raúl Pleé y Carlos Stornelli. Se le sumó también Julio Piumato, cabeza del opositor gremio de trabajadores judiciales.
En reportes que igualmente divulgaron los servicios MinutoUno e Infonews se señala que los convocantes también desestimaron denuncias por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió, hoy aliada del aspirante opositor de la derecha Mauricio Macri, y avalaron la represión ilegal en La Tablada.
Allí se encuentra un cuartel militar que un grupo de guerrilleros intento infructuosamente asaltar en 1989 para evitar, según dijeron, otro golpe de Estado en ese entonces contra el gobierno de Raúl Alfonsín.
Tras la toma parcial de la unidad, los asaltantes fueron reprimidos y los detenidos torturados y fusilados. Los jefes militares que encabezaron la represión fueron acusados de tormentos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición de guerrilleros.
Los antecedentes de uno de ellos, Pleé, se remontan a la dictadura cuando fue relator de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. Llevó adelante la causa por el intento de asalto al cuartel de La Tablada.
Organismos de Derechos Humanos lo acusaron de reunir evidencias y aceptar testimonios obtenidos a través de torturas a los militantes detenidos.
«Todos tienen un denominador común», afirma Tiempo Argentino y señala que se opusieron a cualquier intento de reforma del Ministerio Público, embistieron contra la jefa de los fiscales y buscaron imputar a funcionarios del gobierno en causas resonantes.
Ese periódico consignó que los fiscales convocantes se opusieron tenazmente desde los tribunales de Comodoro Py a las iniciativas del Gobierno en 2013 de democratizar el Poder Judicial, atacan la gestión que lidera la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.