A raíz de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) denunció fallas en la investigación de la desaparición de 43 normalistas desde el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las madres de los estudiantes exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que se transparente la evidencia física que supuestamente halló en el basurero y en el río San Juan, en Cocula, Guerrero.
Una vez más, madres y padres de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, se presentaron en conferencia de prensa para argumentar que la PGR no puede concluir las investigaciones sobre la desaparición de sus hijos, esta vez respaldadas por la postura del EAAF que denunció “problemas” en la investigación del caso Ayotzinapa.
Este sábado 7 de febrero, el grupo de antropólogas argentinas difundió siete puntos en los que demuestra que la PGR supuestamente “obstaculizó” su búsqueda, entre ellos que las autoridades judiciales mexicanas realizaron investigaciones sin la presencia ni aviso al EAAF.
En respuesta, la PGR emitió hoy un comunicado para desmentir a las y los expertos internacionales, ya que –aseguró la dependencia– el EAAF “no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético”.
Las madres y familiares de los jóvenes –quienes llevaron copias de su propio expediente de las investigaciones– manifestaron su respaldo al posicionamiento del EAAF, ya que –según observaron las familias– este grupo actúa con independencia y con apego a sus investigaciones.
Rechazaron la versión de que la PGR esté permitiendo el acceso de familiares y el EAAF a los 83 tomos y 13 anexos que comprenden la indagación, como lo informó la PGR en su comunicado.
Además reiteraron que no puede hablarse de una “verdad histórica” –según la cual los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y luego arrojados al río San Juan–, porque las investigaciones de la PGR carecen de “certeza científica” y no están corroboradas por peritajes independientes.
Y lamentaron la respuesta de la PGR al EAAF porque lo descalifica, y “lejos de aceptar las recomendaciones de los expertos internacionales se cierra (la PGR) al escrutinio público”, y se niega a aceptar la posibilidad de que existan “perspectivas científicas diferentes”.
Agregaron que el EAAF tiene la plena confianza de los familiares, al contrario de la PGR, ya que tienen años de trayectoria actuando con rigor científico; en cambio, es de su conocimiento que la autoridad judicial mexicana ha participado en diversas ocasiones en la fabricación de pruebas para comprobar sus supuestas versiones de los hechos.
María de Jesús, madre de uno de los normalistas (quien omitió el nombre de su hijo y sus apellidos por miedo a represalias), declaró además que la información del equipo de forenses se suma a otras pruebas científicas de grupos de académicos independientes, quienes han mostrado a la opinión pública que la versión de la PGR sobre el caso “es insostenible”.
De cara a la visita del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 13 y 14 de febrero, (quienes valorarán técnicamente el trabajo de las autoridades mexicanas para investigar la desaparición de los normalistas), las madres y familiares de los jóvenes exigieron al gobierno federal que someta al escrutinio público todos los peritajes del caso.
Y recordaron que Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, incumplió los acuerdos que el pasado 29 de octubre firmó con las madres y padres de los normalistas, ya que nunca conformó la mesa mixta de información ni se garantizaron plenamente las condiciones que permitirían la coadyuvancia del EAAF en las investigaciones.
Las madres y familiares también criticaron que mientras México no cuente con una institución de servicios periciales profesionales e independiente del Ministerio Público, las investigaciones seguirán careciendo de credibilidad.