Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, convocó a los dirigentes de diversas organizaciones sociales para que a partir del próximo 4 de marzo, presenten sus propuestas claras, formales, serias y concretas, para conformar el proyecto de la Norma de Vivienda para la Ciudad de México.
El legislador del PRD, ante los representantes de organizaciones sociales presentes en el Foro “La Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Vivienda en el Distrito Federal”, les aclaró que el compromiso de la ALDF es generar las condiciones de orden, de atención a la clase demandante de vivienda, “y no vamos a condiciones de otra forma si no hay consenso amplio de todas y todos ustedes”.
Granados Covarrubias se comprometió con los dirigentes sociales que, bajo ninguna circunstancia, habrá algún esquema normativo que no esté previamente consensuado con ellos. Al respecto, aseveró: lo importante es escucharlos, abrir el debate, el foro, y esperar de ustedes una iniciativa, una propuesta clara, seria, porque hasta hoy sólo conocemos sugerencias de organizaciones distintas a las sociales en términos de vivienda.
Agregó: Por eso quiero expresarles aquí mi compromiso, de generar condiciones de diálogo, de debate, porque ustedes han sido durante muchos años luchadores sociales que saben cuál es el requerimiento de la ciudad en el tema de la vivienda”, sostuvo.
El presidente de la Comisión de Gobierno, expresó que es preocupante que en este momento esté generándose incertidumbre jurídica, de polarización social, de esquemas de invasión de predios, “cuando lo que debemos es crear un esquema de ordenamiento, de oportunidad, de acortar la distancia entre las desigualdades y las oportunidades de vida; que los demandantes de vivienda, realmente tengan un futuro certero, viable y que ello también permita crecer de manera ordenada”, enfatizó.
Reiteró su compromiso de que la ALDF no tendrá finiquitada la discusión de la Norma de Vivienda para el Distrito Federal, hasta que no haya un consenso con los destinatarios finales, como son las organizaciones sociales.
Por ello, los invitó a la construcción de un documento que oriente cuáles serían los principios rectores de una norma de vivienda social, “que generemos los consensos de manera conjunta, que vayamos al análisis en foros o en mesas de trabajo, para propiciar también la apertura con los diputados y, sobre todo, con las organizaciones”, apostilló.
Reunidos en el auditorio Benito Juárez de la ALDF en el Zócalo capitalino, y ante un numeroso público, el legislador del PRD aceptó reunirse con las agrupaciones demandantes de vivienda para iniciar el análisis de las propuestas que se presenten.
Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por su parte, expuso que no dictaminara absolutamente nada hasta que no concluyan el debate a las observaciones que están realizando las organizaciones civiles.
“La norma está a discusión y en construcción; no tenemos que correr ninguna prisa, la discusión se tiene que llevar a cabo, aunque se hable de que hay un periodo extraordinario en la Asamblea. Desde mi punto de vista, y lo compartimos con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, no necesariamente tiene que discutirse este tema en el periodo extraordinario, está próximo un ordinario todavía y, obviamente, habrá tiempo suficiente para su análisis”, enfatizó.
En su calidad de titular de la citada Comisión, Hernández Mirón se comprometió a no dictaminar nada sobre este tema, hasta que no se concluya la discusión correspondiente.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y convocante de la reunión, diputada Lucila Estela Hernández, coincidió en que el documento entregado a las diversas organizaciones sociales no está terminado.
“Estamos consultando con el propósito de construir y generar una política pública que favorezca la producción de vivienda de interés social en la Ciudad de México, que presenta un rezago importante. Para ello, la realización de los diferentes foros con pueblo y barrios, comités y consejos del pueblo y, en este momento, con el Movimiento Urbano Popular y las ONGs, como preámbulo para la realización de encuentros con investigadores y expertos en vivienda”, afirmó.
En la reunión de trabajo -con al menos 40 organizaciones-, Lucila Estela Hernández, consideró inviable un periodo extraordinario en estos momentos, “la Norma va más allá del periodo ordinario de sesiones, incluso se podría llevar a cabo un extraordinario durante el mes de junio”, subrayó.
Estela Hernández sostuvo que no se puede atropellar los derechos de los que menos tienen, por lo que se debe buscar cohesionar el tejido social que está muy vulnerado y decidir junto con los ciudadanos las modificaciones que se lleven a cabo a la Ley de Desarrollo Urbano de la ciudad.
Tanto diputados y líderes populares se comprometieron a que el próximo 4 de marzo entregarán un documento de trabajo, con el fin de discutirlo y presentarlo en la mesa de trabajo que se llevará a cabo con integrantes del Gobierno del Distrito Federal, dijo.
“Los legisladores tenemos la obligación de elevar el nivel de vida de los que menos tienen, dar facilidades para obtener una vivienda y reforzar las acciones del Instituto de Vivienda del DF (INVI), con el fin de que la construcción sea ejemplar y no sea rebasada por los desarrolladores inmobiliarios”, apuntó.
Inclusive, aseveró que el objetivo de la modificación de la Norma (26) es que la ciudad crezca, siempre y cuando sea incluyente y voltear hacia los que menos tiene, diseñando una norma exclusiva de producción y vivienda social que beneficie a toda la población.
Explicó que la Asamblea Legislativa está comprometida en dejar una ciudad con una nueva Norma 26 que dé legitimidad a la construcción de vivienda social y popular.
En su oportunidad, los representantes sociales demandaron mayor presupuesto para el Instituto de Vivienda del DF (INVI); la creación de un Comité de Vivienda, conformado por todas las agrupaciones ciudadanas; sean escuchadas las voces de los sectores de la sociedad antes de tomar una decisión; pero, sobre todo, crear una norma exclusiva para la producción de vivienda de interés social.